La Justicia ordenó, a pedido de la Inspección General de Justicia, la intervención de Generación Zoe y Zoe Capital, empresas de Leonardo Cositorto investigadas por supuestas estafa piramidal a ahorristas que se les prometían ganancias extraordinarias en un esquema Ponzi.

La IGJ, organismo que se encarga de regular las operaciones de todas las empresas, también logró la inhibición de los bienes del empresario, que se encuentra prófugo y tiene pedido de captura internacional por presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita, y de Maximiliano Batista, su socio.

El pasado viernes, el organismo había iniciado acciones judiciales contra dichas empresas para que haya una intervención judicial de las mismas. Ambas causas terminaron en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº14, a cargo del Juez Pablo D. Frick. 

En tanto, el juez decretó la intervención el miércoles y jueves y será por seis meses. Además, también se decidió la inhibición general de bienes de Cositorto y Batista. “Las actividades que se atribuyen a la sociedad en cuestión no tendrían aprobación de la C.N.V. y encerrarían fines ilícitos”, detalló Frick en su resolución.

Esta semana, Cositorto, que está prófugo, anunció desde la clandestinidad el cierre de Generación Zoe y la creación de Sunrise Coach, una nueva plataforma digital que, por lo que mostró, sigue los pasos de su antecesora y ofrece "ofertas más agresivas" todavía a los inversores. Además, dijo que no pagará más el retorno del 7,5% en dólares a los ahorristas de Zoe, que reclaman la devolución de su dinero.

Hasta el momento suman 16 los detenidos en la causa que se investiga a Generación Zoe por presuntas “estafas reiteradas y asociación ilícita”. Mientras tanto la fiscal de Córdoba Juliana Companys, a cargo de la investigación, continúa con la recepción de pruebas documentales y materiales, además de avanzar con las indagatorias, y una vez concluida con esa instancia resolver la situación procesal de cada uno, particularmente sobre la eventual responsabilidad penal y continuidad o no de la prisión preventiva.

La causa se conoció el 18 de febrero último luego de varios operativos de allanamientos ordenados por la fiscal Companys en Villa María y Buenos Aires, a partir de denuncias promovidas por ahorristas damnificados que habían invertido en Generación Zoe con promesas de importantes dividendos en conceptos de intereses.

El presunto hecho ilícito consistía en captar inversores que aportaban capital, que la organización mantenía cautivo, y mensualmente se pagaban rentabilidad de hasta alrededor del 20% mediante un sistema piramidal que se conoce como esquema “ponzi”.