Estafa piramidal en San Pedro: investigan maniobras tras la suspensión de pagos
La Comisión Nacional de Valores confirmó que RainbowEX y Knight Consortium no están registradas para operar, mientras avanza la investigación federal por supuestas estafas en la ciudad bonaerense. Más del 20% de la población local habría sido afectada por las plataformas que prometen altos retornos en criptomonedas. A su vez, una nueva denuncia en Santa Fe alerta por un esquema similar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, continúa tomando forma la trama financiera que afecta a miles de vecinos que depositaron sus ahorros en la plataforma RainbowEX, también conocida como Knight Consortium, una presunta estafa piramidal que está siendo investigada por la Fiscalía Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Di Lello. La Comisión Nacional de Valores (CNV) comunicó a la fiscalía que las plataformas mencionadas no están registradas para operar en Argentina, lo que incrementa las sospechas de un esquema de intermediación financiera no autorizada, un delito que podría estar acompañado por lavado de dinero.
Las denuncias comenzaron a escalar cuando los medios locales alertaron sobre la situación de San Pedro, donde alrededor del 20% de la población habría invertido en criptomonedas a través de estas plataformas que prometían ganancias diarias entre el 1 y 2 por ciento en dólares. La figura visible detrás de esta operación es una mujer identificada como "La China Ali", quien mediante Telegram enviaba señales diarias sobre cuándo comprar y vender activos virtuales. Esta actividad levantó sospechas sobre la legalidad de las operaciones, en tanto que los investigadores intentan dilucidar si se trataba de inversiones reales o una fachada para captar fondos bajo un esquema Ponzi.
Las plataformas de inversión, RainbowEX y Knight Consortium, prometían retornos exagerados y rápidos, lo que sedujo a una gran parte de los vecinos de San Pedro, algunos de los cuales habrían dejado sus empleos o incluso contraído préstamos para sumarse al esquema. Según los informes preliminares, la trama implica una vasta red de promesas engañosas sobre la compra de criptomonedas, activos que, según las primeras indagaciones, podrían no existir en absoluto.
El Ministerio Público Fiscal ha solicitado la colaboración de organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la División Antifraude de la Policía Federal Argentina para avanzar con la investigación. La primera respuesta contundente llegó desde la CNV, que confirmó que ni RainbowEX ni Knight Consortium están registradas en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, lo que es un requisito indispensable para operar en el país. Esta falta de inscripción fortalece la hipótesis de que las plataformas estaban funcionando fuera de la ley, lo que pone en jaque a los ahorristas que confiaron en ellas.
En paralelo, un escenario similar se desarrolla en la ciudad santafesina de Casilda, donde un concejal, Mauricio Maroevich, presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional por otra presunta estafa piramidal. En esta ocasión, el esquema ofrecía retornos del 5% en dólares y logró captar la inversión de unos 900 vecinos a través de una aplicación llamada Peak Capital. Maroevich relató que los ahorristas recibían alertas para invertir en criptomonedas con un margen de solo 7 minutos, lo que generó una gran incertidumbre en la comunidad. Además, los retiros de fondos fueron suspendidos por 10 días, lo que ha elevado la preocupación entre los inversores.
El modus operandi en ambos casos guarda ciertas similitudes: promesas de grandes ganancias en dólares, uso de plataformas no registradas ante las autoridades correspondientes y la dependencia de un constante ingreso de nuevos inversores para sostener el esquema. En Casilda, como en San Pedro, las autoridades están analizando la posibilidad de un delito de intermediación financiera ilegal y, posiblemente, lavado de activos. A su vez, Maroevich advirtió sobre un agravante preocupante: la recopilación de datos biométricos y copias de DNI de los inversores, lo que podría derivar en otros delitos relacionados con la manipulación de información personal.
Mientras los investigadores continúan su trabajo, la incertidumbre en ambas ciudades crece. Los ahorristas ven cómo sus ilusiones de rápidas ganancias se desmoronan, y la posibilidad de recuperar sus inversiones se torna cada vez más incierta. Las denuncias formales avanzan lentamente y las autoridades se ven desbordadas por la cantidad de damnificados potenciales que temen haber sido víctimas de una estafa millonaria.