La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha lanzado un fuerte llamado de atención ante la creciente incertidumbre que rodea al sistema de subsidios al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En medio de un conflicto cada vez más tenso entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las empresas de colectivos, el sindicato advierte que miles de trabajadores podrían no recibir sus salarios en tiempo y forma si no se encuentra una solución inmediata.

El conflicto surge de la disputa sobre quién debe asumir el financiamiento de los subsidios al transporte en el AMBA, una región donde millones de personas dependen del servicio de colectivos para movilizarse diariamente. Nación, Ciudad y Provincia mantienen una pugna por definir responsabilidades y fondos, lo que ha generado un clima de inestabilidad que afecta directamente a los trabajadores del sector.

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, ha dejado claro que los empleados del transporte "no inventaron el sistema de subsidios" y que es inaceptable que su sustento dependa de la falta de acuerdos entre diferentes niveles de gobierno. Fernández enfatizó que es un derecho de los trabajadores cobrar sus salarios en tiempo y forma, independientemente de las discusiones políticas y económicas que se estén llevando a cabo.

Además, el sindicato advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría tener para los usuarios del transporte público. Las cámaras empresarias han amenazado con reducir las frecuencias de los colectivos, especialmente durante las noches y fines de semana, si no se garantiza el financiamiento necesario. Esta medida, que podría implementarse a partir de septiembre, afectaría gravemente la movilidad en la región metropolitana.

El conflicto se agudizó con la reciente decisión del gobierno nacional de Javier Milei de dejar de subsidiar el transporte en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires a partir del 1 de septiembre. Este martes, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, ratificó esta medida, asegurando que desde esa fecha, cualquier aumento en el boleto será responsabilidad de los gobiernos de Jorge Macri y Axel Kicillof.

Mogetta defendió la decisión del gobierno bajo la premisa de "equidad y federalismo", argumentando que "Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y otras grandes urbes subsidian sus propios sistemas" y que ahora, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires deberán hacer lo mismo. "No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país", subrayó el funcionario, cargando la responsabilidad sobre las administraciones locales para mantener las tarifas sin que se disparen.

La Secretaría de Transporte ha señalado que la Nación solo se hará cargo de las subvenciones para las líneas que cruzan la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, dejando en un limbo financiero a otras líneas que operan exclusivamente dentro de una única jurisdicción. Esta postura ha generado tensiones con el gobierno de CABA, que reclama una solución integral que contemple los fondos necesarios para mantener el servicio en su totalidad.

El secretario de Transporte también manifestó que la Casa Rosada ya ha comunicado a las administraciones de la Ciudad y la Provincia la importancia de mantener los beneficios para los usuarios, aunque aclaró que, a partir del 1 de septiembre, cualquier recorte será responsabilidad de esos gobiernos. Mogetta fue claro al señalar que "cuando los ciudadanos de la Provincia dejen de tener esos beneficios, el único responsable va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Por su parte, desde la administración de Kicillof, se denuncia un intento de "asfixia" sobre su gestión, argumentando que el recorte de subsidios responde a una estrategia política. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Jorge Macri, enfrenta su propio conflicto con la Nación, acusando al gobierno de no girar correctamente los fondos de coparticipación que les corresponden, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, la UTA ha declarado que mantendrá el "estado de alerta" y no descarta tomar medidas de fuerza si la situación no se resuelve. La incertidumbre no solo afecta a los trabajadores del sector, sino también a los millones de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias. Con septiembre a la vuelta de la esquina, la falta de un acuerdo parece estar llevando al sistema de transporte público del AMBA hacia una crisis sin precedentes.