En el marco de un ambicioso plan de mejoramiento de la infraestructura judicial, el Consejo de la Magistratura de la Nación inició acciones concretas para reactivar un edificio que permaneció inactivo por más de una década. El predio, ubicado en Av. Inmigrantes 1901, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue adquirido en 2009 por el Poder Judicial de la Nación con el propósito de albergar oficinas de la justicia penal federal y nacional. Sin embargo, el edificio de más de 5.000 metros cuadrados ha estado desocupado desde su compra, sin cumplir su función original.

El pasado 21 de septiembre, se llevó a cabo un operativo conjunto entre el Consejo de la Magistratura y el Gobierno de la Ciudad para comenzar con las primeras intervenciones en el lugar. Una de las acciones más urgentes fue el desagote del agua que había acumulado en el subsuelo de la estructura. Este operativo incluyó la participación de la Dirección General de Infraestructura Judicial, así como de funcionarios de la Administración General del Consejo y de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes supervisaron los trabajos.

Durante la jornada, técnicos especializados realizaron una inspección minuciosa del estado del edificio, lo que permitió planificar las próximas fases del proyecto de refuncionalización. En las próximas semanas, se dará inicio a una fase de diagnóstico exhaustivo que evaluará el estado estructural del inmueble y determinará las obras necesarias para que pueda ser utilizado como parte del servicio de justicia. Este proceso tiene como objetivo mejorar las instalaciones y, con ello, agilizar el funcionamiento de los tribunales que se instalarán en el lugar.

El Consejo de la Magistratura ha puesto en marcha este proyecto como parte de un esfuerzo más amplio por optimizar la infraestructura judicial en todo el país. La reactivación de este predio resulta clave en la búsqueda de una mayor eficiencia y en la resolución de los problemas edilicios que afectan al Poder Judicial, particularmente en un contexto donde la falta de espacio adecuado en los tribunales es una problemática recurrente.

Este edificio representa una oportunidad para aliviar la presión sobre otras sedes judiciales que actualmente se encuentran al límite de su capacidad operativa. El proyecto también responde a la creciente demanda de un sistema judicial que funcione con mayor celeridad y en condiciones edilicias adecuadas. Según fuentes del Consejo, una vez completado el diagnóstico y definidas las obras necesarias, se establecerá un cronograma para la puesta en funcionamiento del edificio.