En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, los ajustes y recortes en el Estado continúan afectando a los programas y organismos destinados a la lucha y prevención del tema. A esto se suma que se cumplen 47 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, un caso donde la trata de personas siempre estuvo dentro de las hipótesis principales de la investigación. 

Según referentes de la Fundación “La Alameda”, organización que trabaja desde hace años sobre la trata de personas, desde la asunción de Javier Milei se desactivaron “todos los programas" y los organismos que se dedicaban a la atención de necesidades de las víctimas están con un "personal reducido y prácticamente desactivados”. 

Asimismo, desde que comenzó la gestión libertaria fueron despedidos representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata, se sub ejecutó el presupuesto del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Ministerio de Justicia y hubo despidos en la Línea 145, entre otros recortes en los organismos públicos. 

La desarticulación de los organismos estatales

En marzo de este año, el Gobierno Nacional dispuso que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata pasara de la órbita de la Jefatura de Gabinete, tal como lo establecía la Ley, a la del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Además, dispuso la remoción de Gustavo Vera de su titularidad. Tras pasar el organismo bajo la órbita de Seguridad, el Comité sufrió el desplazamiento de 40 empleados al mes siguiente. Según voceros de las organizaciones que luchan contra esta problemática de explotación, la función de este personal pasaba por “el seguimiento de la restitución de derechos de las más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023”.

De acuerdo con el último informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas vinculados a la protección y el rescate de víctimas de violencia y de trata registraron caídas de entre el 72% y el 90% con respecto al mismo periodo del año anterior.

“En este momento el Programa Rescate está en un 50% de su capacidad operativa. En muchos allanamientos directamente interviene la policía sin testigos civiles. Ellos informan al juzgado que las personas fueron rescatadas, pero que no quisieron recibir asistencia: te lo traduzco, las personas se quedan dentro del círculo de explotación”, señaló Gustavo Vera, representante de La Alameda, en conversaciones con el medio Perfil el mes pasado.

Desde La Alameda denuncian que en la gestión anterior la línea 145 ya funcionaba con un 75% de su capacidad. Con el comienzo del gobierno libertario, se despidieron a 3 personas de un equipo conformado por 15 trabajadores, lo que agota aún más las capacidades operativas. 

Según datos oficiales del Ministerio Público Fiscal, la Línea 145 recibió durante el año 2023, 1804 denuncias, donde en el 34.9% de casos se encontraban involucrados niños, niñas y adolescentes. Además, informan que 798 denuncias se corresponden con delitos de explotación sexual, mientras que 429 son de explotación laboral

El caso Loan 

Desde la desaparición del niño de 5 años el pasado 13 de junio en Corrientes, el país quedó conmovido y el tema de la trata de personas volvió a ponerse en agenda. La línea 145 recibió más de 7.500 denuncias entre 2020 y 2024. Según dijo a Chequeado Zaida Gatti, coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, “hubo un incremento de denuncias” desde el viernes 21 de junio, en el marco del caso Loan. Hasta el mes pasado se habían registrado 812 denuncias, 121 de ellas relacionadas con explotación de menores.

Hace unos días, la Conferencia Episcopal Argentina vinculó el caso a la trata de personas a través de un comunicado, expresó su “preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”. 

“Junto al Equipo No a la Trata, perteneciente a la Conferencia Episcopal, queremos reiterar en este día nuestra mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención. Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia. Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas”, manifestaron desde el organismo religioso. 

El pasado 21 de julio, Gustavo Vera, en representación de La Alameda, las denuncias por encubrimiento al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, al senador Diego Pellegrini y a su abogado José Fernández Codazzi. Desde que comenzó la investigación, desde La Alameda vienen advirtiendo por la “existencia de una poderosa cadena de encubrimiento que obstaculiza la investigación por la búsqueda de Loan y no se descarta que tengan vinculación con un ecosistema delictivo que viene funcionando desde hace tiempo”.