La multinacional saudí Almarai, una de las mayores productoras de alimentos y lácteos del mundo, se encuentra en el centro de una polémica ambiental en la provincia de Córdoba por el uso del agua. 

Vecinos de la localidad de Traslasierra y activistas ambientales acusan a la empresa de estar secando un acuífero clave para la región, con el fin de exportar el forraje a Arabia Saudita para alimentar sus vacas lecheras.

“Los pozos cada vez tienen menos agua, las vertientes se secan, la capacidad de retención de agua del cordón Altas Cumbres está en niveles críticos históricos, al igual que más de 12 municipios en el verano pasado. Nuestros ecosistemas transerranos están colapsados, se están muriendo; hay dos diques en emergencia hídrica”, enumera Alberto van Derdonckt Barragán, de la Coordinadora Ambiental de Organizaciones y Vecin@s por las Aguas Transerranas.

La denuncia se centra en la explotación de 12.000 hectáreas de tierras adquiridas por Almarai en 2011, donde cultiva alfalfa para su exportación. Este cultivo, altamente demandante de agua, estaría agotando el acuífero Los Cerrillos-San Vicente, poniendo en riesgo el abastecimiento de la población local.

Según los denunciantes, la empresa estaría utilizando técnicas como la siembra directa y la modificación artificial del clima, como la dinamización de nubes para evitar granizadas, lo que agravaría el impacto ambiental.

La estrategia de Almarai

Almarai justifica su inversión en Argentina como una medida para garantizar la seguridad alimentaria de Arabia Saudita, un país con escasos recursos hídricos. La empresa señaló que su producción en Argentina cumple con todas las normas ambientales locales.

Sin embargo, los vecinos y organizaciones ambientalistas cuestionan esta versión, argumentando que la actividad de Almarai está generando un daño irreversible al ecosistema local y perjudicando a pequeños productores.

Las consecuencias de esta actividad van más allá del agotamiento del acuífero. La disminución de la disponibilidad de agua está afectando la agricultura familiar, el turismo y la biodiversidad de la región. Además, la comunidad denuncia la falta de control estatal sobre el uso del agua y la explotación de los recursos naturales.

Los vecinos de Traslasierra exigen una investigación exhaustiva sobre el impacto ambiental de las actividades de Almarai y la aplicación de sanciones en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas. Asimismo, reclaman la implementación de políticas públicas que garanticen la protección del agua y la sostenibilidad de los ecosistemas.

El caso de Almarai en Traslasierra pone de manifiesto la necesidad de un debate más profundo sobre los modelos de producción agropecuaria y su impacto en el medio ambiente y las comunidades locales. Es fundamental garantizar un uso equitativo y sostenible de los recursos naturales, priorizando el bienestar de las poblaciones y la protección del planeta.