Una enorme red criminal, que tenía ramificaciones en Europa y en varios países de América Latina, que operaba por medio del robo de teléfonos móviles de alta gama para realizar estafas y fraudes, fue desbaratada en una investigación de la Gendarmería.

Según se informa, la banda multinacional utilizaba una plataforma digital desde la cual generaban mensajes y mediante engaños realizaban fraudes, extorsiones, apoderándose de datos y de la vida digital de la víctima.

La pesquisa se desarrolló durante dos años con la participación de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, España, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

La investigación permitió desarticular una estructura criminal que combinaba hechos delictivos del mundo material y en el ciberespacio, tras la realización de 28 allanamientos, en los que se detuvo 17 personas y se incautaron 921 dispositivos tecnológicos.

Lo más llamativo para los investigadores fue que el administrador de la plataforma era un hombre que vivía en la ciudad de Rosario.

La llamada Operación KAERB detectó una organización que se dedicaba al robo o hurto de aparatos celulares de alta gama para luego obtener las credenciales de acceso a los dispositivos y la vida digital de la víctima, a través de engaños y falsas expectativas de recuperación del móvil sustraído.

El grupo criminal operaba a través de una plataforma digital que generaba mensajes (phishing) con la finalidad de ofrecer servicios fraudulentos, facilitando el desbloqueo de dispositivos móviles robados o perdidos a terceros, operando bajo diferentes dominios y utilizando métodos de pago anónimos. Se estima un total de 483.000 víctimas, de las cuales en Argentina alcanzarían las 29.000.

La Operación logró identificar a gran parte de la red delictiva, concretando la detención de 17 ciudadanos de diferentes nacionalidades (argentina, búlgara, colombiana, ecuatoriana, española, peruana, venezolana y uruguaya), incluyendo al principal administrador de la plataforma criminal, un ciudadano argentino residente en la provincia de Santa Fe, quien tenía antecedentes por violación del sistema informático y fue condenado a tres años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la ciudad de Rosario, en mayo del 2023. 

Los funcionarios pudieron identificar los roles en la organización: “Corredor”, autor del robo material del equipo telefónico; “Reducidor”, aquel que recibe el equipo robado y lo reinserta en el mercado negro; “Desbloqueador”, ciberdelincuente, que utiliza el servidor para el vector del ataque de phising y Administrador, quien mantiene y ofrece el servidor. 

De este modo, se desmanteló la infraestructura tecnológica utilizada para cometer estos delitos, bloqueando el acceso a las páginas web fraudulentas asociadas con la plataforma.

Además, se realizaron 28 registros domiciliarios: 12 en Argentina (Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), tres en España (Madrid y Barcelona), dos en Perú (Lima) y dos en Ecuador (Quito). 

Se incautó un total de 921 dispositivos tecnológicos, que se destacan 669 teléfonos móviles de alta gama, 38 ordenadores o computadoras, 34 discos duros, 53 memorias portátiles, 11 táblets, tres vehículos, dos armas de fuego, un dron, dinero en efectivo de diferentes nominaciones, criptoactivos y pastillas de éxtasis MDMA.

La investigación tuvo la participación de funcionarios de los cuerpos policiales y Fiscalías de España, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, apoyadas por EUROPOL (Oficina Europea de Policía), El PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) y AMERIPOL (Comunidad de Policías de América).

En cuanto al caso argentino, intervino en primera instancia la Subdirección de Delitos Tecnológicos de Gendarmería Nacional, dependiente de la Dirección de Investigación Criminal, con un enfoque especial en el principal investigado y “desbloqueadores” del interior del país.

Luego, intervino la División de Ciberpatrullaje, dependiente de la Dirección General de Cibercrimen, con enfoque en la identificación de víctimas y “desbloqueadores” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En coordinación con la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10.