El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en medio de una crisis inminente en el sector del transporte público. A menos de una semana de que comience septiembre, las administraciones de Axel Kicillof y Jorge Macri aún no han logrado alcanzar un acuerdo con el Gobierno Nacional respecto a la quita de subsidios al boleto integrado, que afecta a más de 400 líneas de colectivos que operan en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.

La controversia surge a raíz de la decisión del Gobierno Nacional, anunciada a principios de agosto por el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Según el plan oficial, a partir del 1 de septiembre, el Estado solo continuará subvencionando 113 líneas de colectivos que cruzan tanto la Ciudad como la provincia, consideradas de jurisdicción nacional. Estas líneas, que representan una porción menor del total de colectivos en el AMBA, recibirán un apoyo financiero mensual estimado en $80.000 millones.

Sin embargo, el grueso de las líneas afectadas no contarán con este respaldo, lo que significa que, a menos que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires logren compensar la falta de subsidios nacionales, los usuarios enfrentarán un aumento significativo en las tarifas. Se estima que el boleto mínimo en la Ciudad podría alcanzar los $1080, según cálculos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), lo que representaría un incremento del 200% para muchos usuarios que realizan múltiples trasbordos diarios.

La medida, según explican desde el Gobierno Nacional, busca equiparar el trato recibido por las jurisdicciones del AMBA con el del interior del país, donde los subsidios al transporte son considerablemente menores. No obstante, esta decisión ha generado un fuerte rechazo tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, advirtió que el fin del boleto integrado afectará directamente a más del 60% de los usuarios del sistema de colectivos en el AMBA, lo que se traduce en más de 1.830.000 personas que utilizan el servicio diariamente para movilizarse a sus trabajos y estudios.

La situación se agrava con la falta de claridad sobre cómo se reorganizará la estructura de costos en el transporte público de la región. Según fuentes del gobierno bonaerense, se han mantenido reuniones con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con una de las principales cámaras de transporte, pero hasta el momento no se ha alcanzado una solución que evite el impacto sobre los usuarios.

Entre las líneas de colectivo que dejarán de percibir el descuento del boleto integrado se encuentran numerosas rutas de alta demanda en la Ciudad, como las líneas 39, 132 y 62, así como 377 líneas en la provincia de Buenos Aires numeradas a partir del 200 y las municipales identificadas con números superiores al 500.

El panorama es desalentador para los usuarios que verán multiplicados los costos de transporte, especialmente aquellos que dependen de varios trasbordos para completar sus viajes. Por ejemplo, un pasajero que recorre entre 3 y 6 kilómetros actualmente paga $413,44 por el primer viaje, $206,72 por el segundo y $103,36 por el tercero, con un total de $723,52. Con la eliminación del subsidio, este mismo trayecto podría costarle $1240,32, un 200% más, elevando el gasto diario a $2480,64 si se considera el trayecto de ida y vuelta.

El tiempo corre y, a medida que se acerca septiembre, la posibilidad de un acuerdo parece cada vez más distante. Si no se logra un consenso, millones de usuarios se verán obligados a enfrentar un golpe significativo a su bolsillo, agravando la situación económica de muchas familias en el AMBA.