Un día de verano allá por los primeros días de diciembre del año pasado, sonó el celular de un importante hombre de negocios. "¡Hola!, ¿cómo estás? acabo de leer que el futuro ministro de Economía va a ser Martín Guzmán, ¿es cierto?" preguntó el decano de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. 

"¡Sí!, ¿lo conoces?" contestó.

"No mucho, sí a (Joseph) Stiglitz que creo que fue quien lo contrató. Es un académico al estilo de Federico Sturzenegger, no tiene experiencia práctica. Bueno, esperemos que los papers que escribió sobre reestructuración de deuda le sirvan para cerrar un acuerdo" fue la respuesta.

El empresario recuerda que colgó la comunicación esperando que su  amigo se equivoque, que Guzmán no tenga nada que ver con la testarudez de Sturzenegger y deseando que el conocimiento técnico sobre reestructuraciones de deuda no lo lleve a subestimar a los acreedores.

La mayoría de los trabajos académicos de Guzmán justamente analizan las reestructuraciones de deuda soberana como por ejemplo, la que llevó adelante Puerto Rico o la resolución del default de Argentina de 2001.

Desde esa conversación telefónica hasta hoy han pasado casi ocho meses y el ministro Guzmán aún no cosechó el trofeo por cerrar el acuerdo.

Quienes cuestionan la gestión de Alberto Fernández en esta materia no comprenden por qué no se avanzó en conversaciones con los acreedores, aunque sea de manera informal, antes de asumir el Gobierno, dada la importancia y urgencia del tema. Cabe recordar que ya el 11 de agosto del año pasado se supo que el Frente de Todos sería gobierno luego de la victoria aplastante que obtuvo en las elecciones primarias.

Fue el 2 de enero pasado cuando la República Argentina invitó por primera vez a los bonistas a enviar sus puntos de vista sobre el proceso de  reestructuración de la deuda. A esta invitación le sucedieron reuniones de bonistas con la Unidad de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa, el Secretario de Política Económica y el Ministro de Economía.

Sin embargo, también desde el comienzo del año, el Gobierno desplegó una activa agenda de contactos con países y organismos internacionales logrando el apoyo del Fondo Monetario Internacional, del Grupo de los 20 (países más desarrollados) y de buena parte del mundo académico (los que no tienen simpatía por Wall Street).

Sobre fines de enero el primer mandatario tuvo una reunión con el Papa Francisco. Tras el encuentro, la cabeza de la iglesia católica expresó su apoyo a la forma en que la Argentina estaba tratando de resolver la crisis del sobre endeudamiento.

El país logró un importante espaldarazo en febrero cuando el FMI evaluó que la deuda argentina era "insostenible". Y luego, en marzo, dio a conocer un documento en el que señaló que era necesario un alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera que oscila entre u$s 55.000 millones y u$s85.000 millones en la próxima década. Asimismo, considerando "la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas", aconsejó que los servicios de la deuda en moneda extranjera no superen el 3% del producto bruto interno.

Cabe señalar que estas sugerencias del organismo internacional fueron realizadas antes de que se desatara el coronavirus, de donde es de suponer que ahora las limitaciones son mayores. Los cálculos fueron efectuados por el personal técnico del Fondo. Es decir, no tuvieron un aval "político" formal de la entidad, ya que no fueron aprobados por el Directorio.

Sin embargo, el informe fue muy mal recibido entre los fondos de inversión. Analistas de los acreedores señalaron que esta evaluación quebró la histórica posición del FMI de no intervenir en la discusión entre los países y sus acreedores.

Más aún, algunos le atribuyeron "intencionalidad" porque el Fondo es el mayor acreedor individual del país y, obviamente, las reservas son limitadas y lo que reciban determinados acreedores no lo recibirán los otros. Durante el gobierno de Mauricio Macri el FMI otorgó un crédito por u$s 57.000 millones de los cuales se desembolsaron casi u$s45.000 millones.

Más aún, en Wall Street hay quienes señalan que las manifestaciones de apoyo del Fondo a la propuesta argentina responden al interés del staff del organismo que ha sido cuestionado por parte de los países miembros por su trato benevolente con la Argentina. "(Christine) Lagarde tuvo el buen tino de pasar a presidir el Banco Central Europeo antes que le tocara dar explicaciones" comentan con malicia quienes hace tiempo en los Estados Unidos cuestionan el accionar del FMI.

Un camino sinuoso 

El ministro Guzmán y su Secretario de Finanzas, Diego Bastourre recién a principios de abril comenzaron formalmente las rondas de conversaciones con los acreedores privados. En la primera quincena de ese mes se estableció el diálogo con los inversores a los efectos de conocer sus expectativas en relación a reestructuración de los títulos.

Recién el 21 de abril Argentina presentó oficialmente una oferta de canje por un valor de aproximadamente u$s 40 (por cada lámina de valor nominal de u$s100) con una tasa de salida al 10%.

Si bien el ministerio de Economía nunca informó el grado de adhesión que tuvo esta propuesta al cierre del 8 de mayo, en medios privados, se calcula que tan solo un 12% de los bonistas aceptaron la oferta.

Los primeros cuestionamientos al manejo de la deuda de Guzmán fueron respecto a la dureza de esta oferta. "Hubo un error de diagnóstico", sostienen. "Se ve que el equipo pensaba que podía haber un masivo default producto de la pandemia", analizan. Pero, en realidad, el FMI también en sus análisis sostenía que "casi la mitad de los deudores de África Sub –Sahariana estaba en riesgo de stress financiero" y eran tiempos en el que el S&P500 cayó más de 30%.

Hubo una postura inflexible en la negociación ya que era un: "tómalo o déjalo". En ese momento, comentan analistas, con una mejora marginal “hubieran cerrado un acuerdo”. Es que los fondos enfrentaban la incertidumbre de la debacle económica por la pandemia y los títulos argentinos cotizaban a valor de default, entre 25/30 dólares. "Más vale pájaro en mano…" decían, en ese momento,  ya que el temor era que la crisis se agudice y la pérdida de valor de sus fondos fuera mayor.

En este punto, cabe indicar además que las tenencias de deuda argentina de los grandes fondos no representa un porcentaje importante de sus carteras. Es decir, efectuar un arreglo, en ese momento era más conveniente que ir a un default porque se sacaban de encima un problema cuando no sabían si se caía el mundo. Pero este mismo argumento, con el paso del tiempo y el rebote de los mercados, se vuelve en contra de Argentina y explica la dureza de ahora de los tres grandes fondos Ad Hock, Exchange y Argentina Creditor Committiee (en estos días el valor de los títulos argentinos ronda o supera los 40 dólares).

Frente a la insistencia de la Argentina en su primera oferta, el 4 de mayo los tres grandes grupos de acreedores rechazaron formalmente la propuesta porque "sufrirían pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias".

El día anterior Guzmán en un artículo publicado en el Financial Times había dicho que "los bonistas pueden elegir entre reconocer los desafíos históricos y buscar nuevas formas de avanzar, o insistir caprichosamente en plazos de pago de la deuda con poca visión de futuro que parecen proveer retornos rápidamente pero que en realidad solo debilitan a los países deudores y socavan su capacidad de pagar deudas. Las exigencias insostenibles solo dan lugar a resultados insostenibles", les advirtió.

La estrategia de Guzmán fue mostrarle a los acreedores que la postura Argentina era acompañada por la mayoría del arco político y también de la academia económica a través de una carta que firmaron más de 100 prestigiosos economistas.

"Muy linda las fotos y los conceptos, pero a los acreedores lo que opine Stiglitz o un gobernador de una provincia de Argentina no le mueve un pelo", evaluaban en Wall Street. Otros en cambio, encontraban paralelismo en la actitud de Guzmán con la frase que inmortalizó al ex ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, a fines del gobierno de Raúl Alfonsín cuando dijo "les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo" en respuesta a la actitud de los mercados.

A partir de esta fecha, según comentan del lado de los bonistas, casi no hubo negociaciones con el equipo económico. Y trascendió que negociadores de algunos grandes grupos hicieron llegar su preocupación a distintos interlocutores del gobierno como Sergio Massa y Gustavo Beliz, en cuanto a que "las negociaciones estaban casi paralizadas y que no confiaban en el ministro de Economía".

Posteriormente se retomaron diálogos informales. Así el 15 de mayo los grupos Ad Hoc y Exchange presentaron una propuesta que, en líneas generales, demandaba cerca de u$s 60.

Como  resultado de las consultas a los bonistas, el Gobierno presentó el domingo 5 de julio ante la Security and Exchange Commission (la Comisión de Valores de los Estados Unidos) su "última oferta" que básicamente eleva a U$S53, 5 promedio su oferta de canje.

Desde el principio de las negociaciones el equipo económico se había propuesto no superar la barrera de los u$s 48, según pudo saber Data Clave. En consecuencia los u$s 5,5 adicionales de la última oferta son el resultado de la vocación del presidente Alberto Fernández y su vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner que en todo momento se preocuparon por evitar el default. De esta manera, fueron corrigiendo las posiciones “rígidas” del ministro de Economía.

Los errores de Guzmán, según los mercados 

Según los acreedores y los especialistas en negociaciones de restructuración de deuda, el ministro de Economía cometió diferentes errores. Estas críticas no se refieren a la dureza y convicción que debe tener quien defienda una posición, sino a otras falencias:

- Se demoró la negociación, más allá de los problemas ocasionados por el coronavirus.

- Se estima que hubo un error de diagnóstico en la primera oferta al  sobrestimarse los efectos de la pandemia en el sector financiero.

- Se buscó tener el apoyo de la academia económica internacional,  que efectivamente se pronunció a favor de la Argentina, pero estas opiniones tiene poco valor para los acreedores en la toma de decisiones. Sin duda, para Guzmán fue un espaldarazo a su desempeño. Cabe recordar que se recolectó la firma de más de 100 economistas del Mundo entre ellos 3 Premios Nobeles.

- No se generó un dialogo fluido con los inversores, la primera propuesta no fue casi conversada y esto explica el bajo nivel de aceptación. La falta de puentes se observa también en que hubo 5 prórrogas en tres meses.

- Se mantuvo inflexible en la cuestión de la sustentabilidad pero sin dar mayores precisiones macroeconómicas que apoyaran su criterio. Esta postura le significó perder margen de flexibilidad y maniobra. "Parecía que había que creerle porque Guzmán lo afirmaba" y agregan "recordemos que Argentina tiene fama de defaulteador serial". 

- Se demoró casi 3 meses en presentar una nueva oferta.

- No se tuvo en cuenta en la oferta económica que la Argentina no tiene un problema de solvencia sino de liquidez.

- Se apeló más a consignas políticas que argumentos sólidos desde lo económico para avanzar en la negociación. "No nos puede decir Guzmán que no acepta nuestra oferta" porque implica, por ejemplo, "recortar jubilaciones" cuando el gobierno "ya las recortó con la suspensión de los ajuste", explicaba un negociador.

- El equipo económico fue perdiendo credibilidad entre los bonistas, lo que explica la búsqueda de interlocutores alternativos que obligo al presidente Fernández a tener que respaldar a Guzmán como único negociador.

El deterioro de la relación llegó a tal nivel que algunos agentes del mercado se refirieron despectivamente al ministro como "Goose man" (hombre ganso, en inglés se pronuncia casi igual que apellido).

Criticas del Gobierno a los fondos 

En el entorno presidencial y en el Palacio de Hacienda tampoco faltan críticas al accionar de los fondos de inversión. Las principales:

- Son desmedidos en sus pedidos. Este sábado, el Gobierno señaló en un comunicado: "Con más del 50% de las niñas y los niños argentinos viviendo en la pobreza, no podemos mejorar las ganancias de corto plazo de nuestros acreedores a costa de detraer recursos necesarios para darle a nuestras niñas y niños al menos la oportunidad de un futuro mejor".

- El FMI estableció técnicamente que el país no puede pagar más de 50 dólares sin comprometer la sustentabilidad de la deuda. La última oferta argentina superó en 3 dólares esta barrera y, sin embargo, los acreedores siguen pidiendo más en una actitud “caprichosa”.

- En el Gobierno se disgustan particularmente con la intransigencia de algunos fondos que habrían comprado deuda argentina a precios de remate (el año pasado, tras la derrota electoral del macrismo) y que ahora, con un acuerdo, podrían obtener una rentabilidad de 100% en pocos meses.

- Sostienen que pese al esfuerzo del Gobierno por acercar posiciones, distintos negociadores fueron “corriendo el arco” a medida que el país hacía concesiones.

- Los acusan de realizar maniobras de “cartelización”, por el frente común que armaron los tres clubes de acreedores.

- Consideran que en última instancia están tratando de “exprimir” todo lo posible a la Argentina – tanto en el terreno económico como legal- no sólo para beneficiarse en este caso en particular, sino también para sentar un antecedente de cara a futuras reestructuraciones de deuda.

Más allá del fuego cruzado, tras dos ofertas formales del Gobierno y cinco prórrogas en los plazos de adhesión, a lo largo de estos tres últimos meses las posiciones entre la propuesta argentina y las demandas de los fondos se fueron aproximando.

Ofertas que se acercan

Como se dijo, el país pasó de ofrecer u$s40 a proponer u$s 53,5 en la actualidad, con un incremento de cerca de u$s 15.000 millones más para los bolsillos de los bonistas (hasta 2028) con relación a la oferta original.

 Por el lado de los acreedores, la primera propuesta que hizo llegar el grupo Black Rock – el más duro en la negociación- al gobierno se ubicaba en torno de los u$s75. La última propuesta conjunta de los acreedores tiene una paridad promedio para el canje cercano a los u$s56,3.

La expectativa de los mercados – como refleja el valor de los bonos argentinos – es que finalmente se llegue a un acuerdo ya que las diferencias “son menores” y hablan de la posibilidad de concesiones mutuas para llegar a un valor en torno de u$s55, es decir partir la diferencia.

No obstante, desde el Gobierno señalan que no están dispuestos a ceder más en materia económica. En paralelo, en los despachos oficiales se trabaja en la consideración de distintos aspectos legales (cláusulas “anti buitre”, criterios de asignación de las mayorías) con el propósito de convencer a los fondos que acepten la propuesta económica argentina a cambio de modificaciones en las cláusulas de los contratos.

El tema no es menor ya que el caso argentino será un antecedente importante para futuras renegociaciones de deudas, según señalaron a Data Clave abogados especializados en el tema.

Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno sigue manteniendo su postura firme de no modificar su oferta económica. No por casualidad, la semana pasada el propio presidente Fernández formuló declaraciones en este sentido y le mandó un mensaje a los mercados a través del diario Financial Times.

Y este sábado el presidente Alberto Fernandez y el ministro Guzmán redactaron un comunicado en el que se ratifica que no se mueve la oferta en lo monetario pero que está dispuesto a estudiar  cuestiones legales faciliten el acuerdo.  

Pipa de la paz 

¿Por qué es tan importante cerrar este acuerdo aun sabiendo la Argentina no tendrá acceso a los mercados a corto plazo? Lo primero a tener en cuenta es que “seguir en default complica el escenario para las empresas privadas que tienen deudas en dólares” es la respuesta coincidente tanto de los economistas como del sector productivo.

Si se cierra el acuerdo, como es la intención oficial, mejorarán las expectativas, un tema no menor cuando la economía está en una situación crítica. Mejorarán los fundamentals macroeconómicos y facilitará la ejecución de un plan que ayude a recuperar la economía.

Se prevé que la formalización del acuerdo hará bajar el valor de la divisa y descomprimirá la balanza de pagos. Reducir la carga de vencimientos financieros es un factor clave en momentos en que difícilmente aumenten de manera significativas las inversiones o las exportaciones.

Argentina arrastra desequilibrios que deberá comenzar a corregir en momentos en que el mundo enfrenta una de las crisis más profundas que se recuerde. En suma, esta pandemia encuentra al país en una situación tan débil que le marca un límite muy preciso a los discursos facilistas.