Ley Airbnb: por qué el mercado rechaza la regulación a los alquileres temporarios
Oficialismo y buena parte de la oposición lograron dejar a un lado (al menos por un momento) sus diferencias, y llegaron a un acuerdo la semana pasada en el Senado para regular los alquileres temporarios de inmuebles con fines turísticos, en momentos de una fuerte retracción de la oferta de los alquileres tradicionales de vivienda, lo que viene generando una aceleración muy marcada de los precios y la dolarización de muchos de ellos.
En un plenario de comisiones, senadores del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) unificaron dos iniciativas, una de la oficialista santacruceña Ana María Ianni y otro de la radical mendocina Mariana Juri, para crear un registro a nivel nacional sobre quienes ofrezcan inmuebles para alquileres a turistas, y al mismo tiempo, para regular y desdolarizar a plataformas como Airbnb o Booking, que están fuera del marco normativo del Estado. La propuesta estipula que para que la locación de un inmueble se considere de alquiler temporario debe rentarse por un espacio de entre 1 y 90 días.
Ahora bien, a este consenso político no tan frecuente, se contraponen dos actores no menores: la candidata a la presidencia de JxC, Patricia Bullrich (“Estamos totalmente en contra de regular alquileres temporarios. Los argentinos deben poder ponerse de acuerdo con libertad para que haya más y mejores alquileres”), y buena parte del mercado, cámaras e inmobiliarias, a quien contactó Data Clave para escuchar sus argumentos en contra de la iniciativa legislativa.
Alejandro Bennazar, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), sostuvo que “a toda intromisión del Estado la vemos con una mirada crítica, y más aún, toda vez que no se conforman mesas nacionales de alquileres, con las instituciones que tienen una capacidad elevada de conocimiento sobre el tema”. El dirigente se refiere, por ejemplo, a la Cámara de Empresarios de Desarrollo Urbano (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), y la CIA, que preside.
“Este proyecto de regulación trae mucho dolor de cabeza a los constructores y desarrolladores, perjudicando un mercado que funciona, con una experiencia de la ley actual de alquileres, que la consideramos totalmente democrática porque impactó a todos los sectores igual, de forma negativa. Genera un impacto negativo para la incipiente inversión que se venía haciendo en temporario, no sólo en las capitales, sino en los pueblos del interior. Hasta se generaban fábricas de módulos habitacionales con mucha mano de obra”, señaló.
Para Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario, con este proyecto “le quieren echar la culpa del problema de la Ley de alquileres vigente a los alquileres temporarios, que existen hace más de 20 años, desde mucho antes de la aparición de las plataformas digitales”.
En ese sentido, remarcó que “hoy existe la misma cantidad de oferta de alquileres temporarios que antes de la pandemia. Creo que ya quedó demostrado que regular genera más problemas de los que se quieren solucionar, es extraño que se insista con estas cosas”. Y recordó que “los alquileres temporarios le ponen un tope a los valores de la hotelería tradicional y generan mayor oferta para una ciudad como Buenos Aires, la cual tiene mucho caudal de turistas tanto del interior, como del exterior, generando muchísimos ingresos por turismo y mucha actividad que se derrama a muchos otros sectores de la economía”.
Según Gómez Picasso, “es muy poco probable que lo que sale del segmento temporario vaya al alquiler tradicional. Es más probable que vaya a la informalidad, alquileres o préstamos entre amigos y familia”. “En lugar de debatir este tema, los legisladores deberían poner el foco en cómo modifican o derogan la actual Ley de alquileres”, remató.
“Este es un proyecto de ley que de aprobarse sería totalmente negativo para el sector porque es uno de los pocos segmentos que estaba funcionado bien”, asevera Diego Migliorisi, Socio Gerente de Migliorisi Inmobiliaria. “El inversor con la Ley de alquileres actual ya no invertía en propiedades para ponerlas en alquiler y ahora nos encontramos con que la veta que tenía para poder invertir, que era colocarlo en alquiler temporario, con un proyecto así genera incertidumbre, imprevisibilidad”, indicó.
Sobre los puntos centrales de la iniciativa, como el plazo máximo de 90 días, opinó que “hay gente que viene a estudiar, a hacer cursos y se queda más de tres meses, y de ahí complica esa inversión”. Respecto a la restricción de poder cobrar en dólares, señaló que “realmente no tiene sentido, ya que afecta la rentabilidad. Hay muchos emprendimientos a estrenar que en gran parte los compradores los adquieren para destinarlos a temporario y a eso también lo está afectando significativamente, con todo lo que genera la construcción”.
Y con relación al registro de los alquileres, “que funciona en muchos países y está bien por una cuestión de seguridad”, dijo que “hay que saber quién es la persona que está alquilando y tener ciertos recaudos. Pero a través de una normativa local, querer modificar plataformas internacionales, no veo que se pueda poner en práctica fácilmente. Decirle a una plataforma líder en el mundo que tiene que modificarse por una ley argentina no lo veo muy probable. Esperemos que no se apruebe porque va a generar un daño mayor al mercado”, concluyó.
Por último, Cintia Azpiazu, manager de Gustavo De Simone Soluciones Inmobiliarias, expresó que “si los propietarios optan por alquilar sus propiedades a corto plazo con la modalidad de alquileres temporarios, esto podría reducir la disponibilidad de viviendas para alquiler regular, generando en consecuencia un aumento en los precios de los alquileres disponibles”.