El ministro de Economía Sergio Massa anunció que el gobierno dispuso la intervención administrativa de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edesur por un plazo de 180 días tras los cortes de servicio prolongados durante las últimas semanas de ola de calor. Este martes será designado el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi como interventor. El Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía pero tendrá poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.

Según explicó el titular de la cartera de Hacienda, esta acción administrativa “no afectará los derechos de los accionistas” y que eso despeja riesgos de que la controladora ENEL pueda recurrir al CIADI -el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas- para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato. 

El ENRE, además, evalúa nuevas sanciones millonarias a la compañía por el servicio defectuoso durante la última ola de calor de las últimas semanas. Además de la multa por $1.200 millones que ya fue oficializada, habrá una suma similar que podría tomar estado firme en las próximas semanas. Y además, prepara otra batería de sanciones monetarias por los cortes de las últimas semanas. En total, podrían sumar $2.700 millones, anticipó Massa.

“Los cortes de luz en comercios y casas fueron las imágenes que marcaron la agenda de los ultimos 15 días en la Argentina y sobre todo en el AMBA. En ese sentido, la eminente decisión de ENEL de poner en venta Edesur aparece de alguna manera como un factor de incertidumbre”, mencionó el ministro y aseguró que el ENRE observó “incumplimiento en las obras de inversión”.

En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que la intervención tendrá como objetivo “la fiscalización de las obras y de cumplimiento de la mejor en el servicio que debe tener la empresa. Una situación como la que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más”.

“Queremos dejar claro que no se afecta el contrato de concesión ni el derecho de los accionistas, pero que el Estado va a fiscalizar el cumplimiento del contrato. No podemos permitir que el servicio público, un servicio básico, se vea afectado por incumplimiento de las empresas”, concluyó Massa.

Edesur, empresa surgida del proceso de privatización del servicio eléctrico iniciado en 1992, es propiedad del ENEL desde 2008. La compañía, controlada por el estado italiano, anunció en noviembre pasado que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías más limpias.