En medio de tensiones cambiarias, alta inflación y poco margen fiscal, el Gobierno volverá a abrir el Programa de Incremento Exportador (PIE) por el cual pagará un dólar de $230 al complejo sojero. El ingreso comprometido de US$ 3.000 millones comprometido con las cerealeras permitirá cumplir las metas de acumulación de reservas por US$ 5.000 millones y de déficit fiscal del 2,5% del PBI pactadas con el FMI para el final del año. El Gobierno deberá pedir un “waiver” al organismo por la aplicación de un nuevo tipo de cambio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a los representantes del agro este viernes en el Palacio de Hacienda para oficializar la puesta en marcha del “dólar soja II” que será de $230, ya que se actualizó por inflación el que fue implementado en septiembre. El funcionario reconoció que el objetivo central del PIE es consolidar la situación fiscal y la de reservas en el BCRA.

Las urgencias en ambos frentes hicieron que el Gobierno acelerara una decisión que tenía prevista para enero. Es que la sequía se juntó con una época de menor nivel de liquidación y mayor demanda de divisas sobre todo por la cuenta de servicios en el exterior, es decir gastos por turismo emisivo.

El BCRA perdió reservas en noviembre por un valor superior a los US$ 1.000 millones. Los cálculos del mercado daban cuenta de que con el ritmo de ventas las arcas de la autoridad monetaria quedarían en cero a finales de enero, en caso de no aplicar un mecanismo de incentivo a liquidar divisas como el que se anunció este viernes. Así, la intención del equipo económico es generar un “puente” hasta marzo, cuando comienza la liquidación con mayor fuerza.

Esa dinámica se reflejaba en el mercado de cambios. Por caso, el dólar blue cerró en $320 y alcanzó su valor más alto en los últimos cuatro meses. El informal tuvo su mayor subida semanal desde julio, al trepar tras el feriado del lunes último $14 en cuatro días, que se suman a los $13 de la semana previa.

En cuanto a lo fiscal, se espera que la recaudación pueda crecer 0,1% del PBI en concepto de retenciones, lo que daría un mayor margen para cumplir con un déficit primario del 2,5% del PBI en el acumulado del año. El margen que tenía el Gobierno era de solo $800.000 millones para el último bimestre, algo que resultaba muy exigente porque en diciembre suelen pagar los aguinaldos a trabajadores estatales.

En este contexto, la semana que viene partirá a Washington una misión técnica del Ministerio de Economía para terminar de cerrar la tercera revisión del acuerdo con el FMI que según fuentes oficiales “está aprobada” y las proyecciones del cierre del año. Se espera que la comitiva esté liderada por el jefe de Asesores de la cartera, Leonardo Madcur, en compañía de algunos secretarios de Massa.

Lo más importante será el camino del 2023 en el marco de un contexto internacional desafiante y el impacto que generó la guerra en Ucrania para la economía global. Por eso Massa busca que ingrese en la mesa de discusión “los costos de la guerra”, que en base a cálculos del Palacio de Hacienda fue de US$ 5.000 millones en la balanza comercial y de $590.000 millones en subsidios que debió pagar la Administración Pública.