El sector de proveedores de seguros está en alerta ante una posible medida que tiene en estudio el Gobierno para que 400.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional dejen de tener una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T) privada y pasen a una de gestión estatal.

Fuentes oficiales confirmaron a Data Clave que la medida “no está cerrada aún” pero que sí está en análisis. “Así como se acreditan los haberes de los empleados del sector público en bancos públicos se puede aplicar el mismo criterio con las ART”, fue la justificación que ensayó ante este medio una fuente directa del Gobierno.

La A.R.T es un servicio que los empleadores deben elegir y están obligados a pagar según la Ley N° 24.557 de Riesgo de Trabajo. En caso de que los trabajadores sufran un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la aseguradora se hace cargo de la atención médica inmediata, paga el sueldo mientras el trabajador esté en tratamiento y paga las indemnizaciones que correspondan.

“El Ministerio de Trabajo lleva esa gestión pero igual es una potestad del Estado empleador definir la contratación de las ART de sus trabajadores”, agregó la fuente mencionada. En principio, la medida en estudio aplicaría a unos 390.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional de los cuales 200.000 son agentes de las Fuerzas Armadas y Seguridad Federal. El resto de empresas y organismos estatales 

Según señalaron, la gestión la está realizando el Ministerio de Trabajo “pero igual es una potestad del Estado empleador definir la contratación de las A.R.T de sus trabajadores”.

La medida encendió las alarmas en el sector  y en el mundo empresario en general por un temor a que el Estado intervenga nuevamente en el mercado para favorecer a las entidades estatales. Una importante empresa de seguros comentó a Data Clave que este tipo de medidas los deja en “alerta” porque “se migra hacia un mercado sin competencia donde predomina lo estatal”. Desde el sector, y la fuente gubernamental, explicaron que la única aseguradora que podría “calzar” sería Provincia Seguros, que es parte del Grupo Provincia, y tiene muchos trabajadores de distintas dependencias.

Otra empresa importante del sector recordó que hace unas semanas hubo un antecedente similar con los seguros que contrata el Estado, para las flotas de vehículos, los eventos en exterior, entre otros ítems.  En concreto, se buscaba reemplazar las aseguradoras privadas por otra de gestión estatal: en este caso Nación Seguros, del Banco Nación. La medida fue plasmada en el Decreto 823/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía Martín Guzmán.

“Las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”, consignó el Decreto.

En los considerandos de la medida, se puede encontrar un razonamiento similar al que objetó la fuente consultada por Data Clave. Allí se mencionaba que  “un razonamiento elemental sugiere que el Estado Nacional, contrate con sus propios organismos proveedores de bienes o servicios la satisfacción de sus necesidades en cada materia” y que “existen en ese sentido disposiciones tendientes a que las erogaciones del sector público sean canalizadas a través de organismos o empresas públicas”.

Otra justificación va en línea con una intención hacia el cuidado de las divisas. “Que los bienes que conforman el patrimonio del Estado Nacional resultan en general, de singular importancia económica y conllevan considerables sumas a asegurar que, en buena parte de los casos, superan ampliamente la capacidad de retención de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que operan en el mercado doméstico e implican la inmediata y mayoritaria participación de entidades reaseguradoras internacionales, circunstancia que incide en forma negativa en lo que hace a la retención de primas en el país y en idéntico sentido, en el uso de divisas y en las cuentas de la Balanza de Pagos”, explicaba el Decreto. 

Desde otra compañía aseguradora se quejaron por una posible medida y por el Decreto mencionado anteriormente. “¿Qué pasa con las compañías que dejan de contratar?, parece que se olvidan que las firmas que operan en el país contratan trabajadores argentinos y que eso influirá en el empleo. Hay muchos actores que se ven involucrados en la cadena”, apuntaron.

Desde el sector apuntan a que sería una medida directa para favorecer a la golpeada Provincia Seguros. "Eliminan la competencia. En lugar de brindar un buen servicio y ser competitivos, como no pueden hacerlo, analizan un decreto directo para favorecerlos. Eso es romper el mercado, nivelar para abajo. Es raro que el Presidente Alberto Fernández, quien conoce muy bien el sector, avale esto", remata otra fuente del sector que admite que la medida en estudio es también un llamado de atención para otros rubros.