Argentina permitirá que empresas de Brasil y Uruguay participen en licitaciones estatales
Incluye contrataciones por mas de US$ 126.000 para bienes y servicios, y a partir de los US$ 5,3 millones para construcción o concesiones de obra pública.
Empresas de Uruguay y Brasil podrán competir en las licitaciones que realice el Estado argentino, tanto para la realización de obras públicas, como para servicios de la Administración Central o Universidades.
De manera recíproca, se abren oportunidades para que las empresas argentinas puedan acceder a las contrataciones en Uruguay y Brasil, en igualdad de condiciones. Así lo estableció la Ley 27.767 publicada hoy en el Boletín Oficial, y que fuera promulgada por el presidente Javier Milei.
El mandatario promulgó el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur aprobado por el Congreso, en el que se libera gran parte del mercado de las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado Nacional a países del Mercosur como Uruguay y Brasil.
“Esto permite mayor competencia y más ofertas en las contrataciones públicas locales y, al mismo tiempo, que empresas argentinas puedan participar en licitaciones internacionales en esos países en igualdad de condiciones con sus competidores extranjeros, sin limitaciones ni tratos discriminatorios”, destacaron fuentes oficiales.
Quedan incluidas las contrataciones por montos superiores a US$ 126.000 para bienes y servicios; y a partir de los US$ 5,3 millones para servicios de construcción o concesiones de obra pública.
Con las provincias se prevé el inicio de un proceso interno de consulta para lograr la incorporación voluntaria.
Uruguay y Brasil ya ratificaron el acuerdo y entró en vigencia en agosto de este año; en Paraguay sigue aún pendiente de ratificación, destacaron las fuentes. El Protocolo de Contrataciones del Mercosur fue suscripto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el 21 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
En Uruguay y Brasil entró en vigencia en forma bilateral el 4 de agosto de este año. En Argentina fue aprobado por el Congreso y entrará en vigencia dentro de los próximos 30 días, después de su promulgación.