El gobierno de Javier Milei anunció el domingo un recorte del 85% de la plata que de trabajadoras y trabajadores que integraban el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, en el marco de los despidos masivos por baja de contratos en el Estado que se inició el viernes pasado en varias reparticiones públicas. Las organizaciones gremiales denuncian que se lleva a cabo “un desguace” en los servicios que prestaba esa cartera, y señalaron que línea 144, que recibía denuncias por violencia familiar quedó prácticamente “desmantelada” con estas desvinculaciones.            

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció estos despidos en un mensaje publicado ayer en las redes sociales. “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, consignó el funcionario a través de su cuenta en X. 

Según precisaron, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con estos despidos, “resulta imposible garantizar” la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de “Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”. Este dispositivo contaba con equipos interdisciplinarios especializados.

"En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta ley", agregaron en un comunicado.

Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.

"Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar", detallaron las especialistas que trabajaban en este exministerio.

Y en ese sentido, agregaron que “los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%".

Con estas medidas, el Programa Acercar Derechos también quedó desmantelado en algunas provincias y en otras, cuenta con guardias mínimas según indicaron.

Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.

“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon desde ATE, que anticipó su predisposición de avanzar por la vía judicial. 

“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos", remarcaron.

Para los extrabajadores sostuvieron que "el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reconocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

A los despidos anunciados el viernes pasado en las áreas que dependían del exMinisterio de Mujeres, Género y Diversidades, se produjeron también numerosas desvinculaciones en la Secretaría de Derechos Humanos que afectaron el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria, según indicaron los gremios estatales.