El último informe de ONU Mujeres y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) pone en evidencia un drama que atraviesa fronteras: cada 10 minutos, una mujer o niña es asesinada por su pareja o un miembro de su familia. En total, 51.000 mujeres y niñas perdieron la vida en 2023 como resultado de la violencia machista en el ámbito doméstico.

El impacto es global, pero los números más altos se concentran en África, seguido por América y Oceanía. En nuestro continente, el 58% de las mujeres asesinadas murieron a manos de sus parejas. En países como Argentina, este flagelo se manifiesta con especial crudeza, agravado por la falta de recursos destinados a combatirlo.

En el país, los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia (CSJN) reflejan un escenario alarmante, en 2023 se registraron 272 víctimas de violencia de género, de las cuales 250 fueron mujeres cis y 5, mujeres trans o travestis. Entre las víctimas también se contabilizan 22 femicidios vinculados, donde niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en el contexto de un femicidio.

Con un promedio de un femicidio cada 35 horas, 2023 marcó un aumento del 11% en relación a 2022. En el 88% de los casos, las víctimas conocían a su agresor: el 64% eran parejas o exparejas, mientras que el 12% mantenían vínculos familiares. Estas cifras desnudan la fragilidad de las medidas de protección existentes, ya que 55 de las víctimas ya habían denunciado previamente a su victimario.

De esas 55 mujeres, solo 17 contaban con medidas de protección vigentes al momento del asesinato, mientras que a otras 16 las restricciones ya se les habían vencido. Esto evidencia un sistema que no logra anticiparse al peligro ni garantizar seguridad a quienes ya dieron el paso de denunciar.

La situación se agrava en el marco de una crisis económica y política que impacta directamente en los recursos destinados a combatir la violencia de género. Organizaciones no gubernamentales advierten sobre el desfinanciamiento de programas clave bajo la administración de Javier Milei.

La Línea 144, que brinda asistencia y contención a víctimas, sufrió un recorte del 69,5% en 2024, y queda sin asignación presupuestaria para 2025, según datos oficiales del Ministerio de Economía. Más preocupante aún es la situación del Programa Acompañar, que ofrece apoyo económico a mujeres violentadas, cuya ejecución presupuestaria cayó un 90,5% en el mismo período.

“La falta de recursos es un golpe letal para quienes buscan ayuda”, advierten desde organizaciones como La Casa del Encuentro. “Sin herramientas efectivas, no hay manera de revertir estas cifras tan terribles”.

¿Qué nos dicen las cifras globales?

El informe de la ONU no solo arroja luz sobre la magnitud del problema en Argentina, sino también en el resto del mundo. La violencia doméstica es una de las principales causas de muerte de mujeres en edades productivas. En África, el continente más afectado, las tasas de femicidios son las más altas, mientras que en América y Europa los números muestran patrones similares: las parejas o exparejas son responsables de entre el 58% y el 64% de los asesinatos.

En términos globales, el informe resalta que los femicidios son evitables si se destinan recursos suficientes para su prevención. “Necesitamos leyes más firmes, recopilación precisa de datos y una cultura de tolerancia cero hacia la violencia machista”, señaló Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

A pesar de las evidencias y las recomendaciones, muchos países, incluyendo Argentina, no están cumpliendo con los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos. Las víctimas no solo enfrentan a sus agresores, sino también la indiferencia de un sistema que las deja desprotegidas.

La violencia de género sigue siendo un problema estructural que afecta a miles de mujeres en Argentina. Según la OVD, en el segundo trimestre de 2024, más de 2.200 denuncias de violencia doméstica fueron registradas en la Ciudad de Buenos Aires, y la mayoría de las víctimas fueron mujeres.

Especialistas insisten en la necesidad de reforzar políticas públicas, pero los recortes presupuestarios y la falta de un plan integral ponen en jaque cualquier avance. En este contexto, organizaciones sociales y organismos internacionales coinciden: sin una acción concreta y sostenida, las cifras seguirán creciendo.