Tras tres años y medio de debate oral, con una pandemia, un intento de asesinato y pedidos de condena en el medio, el juicio por la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz llega a su fin. Cristina Fernández de Kirchner finalmente conocerá si es condenada como reclamó la fiscalía o si consigue la absolución.

El ex funcionario de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe, formuló este martes sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 2 y así se declaró formalmente cerrado el debate. 

De este modo, los jueces pasaron a un cuarto intermedio hasta la lectura del veredicto que ocurrirá a las 17:30 horas, según lo anunció su presidente Jorge Gorini.

Vale recordar que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para la vicepresidenta 12 años de prisión por considerarla jefa de una "asociación ilícita" y por administración fraudulenta. La misma condena le pidieron para Lázaro Báez como presunto autor de “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada”. Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido.

Al pedido de 12 años se le suma la inhabilitación especial perpetua, una pena que se fija además de los años de prisión para cierto tipo de delitos. Las inhabilitaciones especiales producen la privación del empleo, cargo o profesión, así como también la incapacidad de obtener otro similar durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del Código Penal.

En el caso de la inhabilitación especial perpetua, es algo que se fija de modo permanente para los delitos que involucran a funcionarios públicos. Justamente la defraudación en perjuicio de la administración pública la incluye como parte de la pena. También está fijada para el cohecho (las coimas). 

En caso de que sea condenada por los delitos que la fiscalía consideró, Cristina aún podría presentarse como candidata y no iría detenida. Eso se debe a que la sentencia no estaría firme. Una vez que se conozcan los fundamentos, que se calcula que sucederá ya entrado 2023 y posterior a la feria judicial, las defensas podrán ir a la Cámara de Casación a cuestionar el fallo. De la misma forma, si hay absoluciones, la fiscalía podrá hacer lo mismo.

Los argumentos de los jueces Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu son la clave para lo que pasará después en la causa. La sala IV de Casación es la que tendría que revisar la sentencia. Está compuesta por los magistrados Mariano Borisnky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Justamente los dos primeros fueron muy criticados por las visitas a Mauricio Macri durante su gobierno y cuando tramitaban causas de relevancia que involucraban a Cristina.

Incluso si Casación confirmara la sentencia, las defensas todavía tendría la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema. El Máximo Tribunal tampoco tiene una buena relación ni con el oficialismo ni con el kirchnerismo. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz fueron foco de las principales críticas por lo sucedido con el Consejo de la Magistratura. Recién cuando la Corte resuelva sobre las cuestiones pendientes se considera que una condena está firme.

Cabe recordar también que la vicepresidenta tiene fueros, lo que representa una inmunidad de arresto. En caso de que la condena quede firme y ella aún esté en ese puesto, tendría que iniciarse un proceso de juicio político. Situación similar se presentaría si Cristina tuviera otra tipo de cargo electivo, como diputada o senadora.