Desde abril de 2009 -cuando renunció Eduardo Mondino-,.el organismo encargado de defender los derechos de los habitantes está vacante. Organizaciones de la sociedad civil impulsaron una causa judicial que derivó, en 2016, en un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortando al Poder Legislativo a que de una vez por todas inicie el proceso de designación.

Sin embargo, el Congreso de la Nación tampoco dio inicio al procedimiento para designar al Ombudsman. Frente a este incumplimiento, se solicitó a la Justicia que "exhorte a las presidencias de los bloques parlamentarios y a las presidencias de las Cámaras" para que inicien en procedimiento y, en caso contrario, se impongan astreintes -sanción económica- diarias y de valor progresivo.

En julio pasado, el tribunal sostuvo que dicha sentencia no era ejecutable, por lo cual no se podrían establecer medidas para obligar al Congreso a cumplirla. Para los jueces Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, resulta "inadmisible un mecanismo de control judicial sobre la implementación de la actividad de otro de los Poderes del Estado; lo cual no sólo excede el ámbito propio de esta acción de amparo, sino que resulta impropio de la función jurisdiccional".

Contra esta decisión, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Sur Argentina, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano presentaron un recurso extraordinario federal para que la Corte intervenga en el caso. 

Tweet de ADC

Este recurso fue declarado admisible y ahora el máximo tribunal deberá resolver si corresponde al Poder Judicial establecer medidas que reviertan la situación de acefalía. También requirieron una instancia de audiencias públicas para que las personas interesadas, especialistas y activistas puedan expresar sus opiniones.

"La Defensoría del Pueblo de la Nación es una figura fundamental en nuestro sistema de defensa de los derechos humanos, en el control de los actos de gobierno y ejerciendo como canal de comunicación entre el Estado y la sociedad", esgrimieron las organizaciones en un comunicado.

Y concluyeron: "El cargo que debería ocupar su titular lleva más de 13 años vacante, en un contexto en el que el 37,3% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y siguen siendo notorias las debilidades de nuestro sistema institucional para garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos, a la salud, a la vivienda, a la justicia, entre otros".