En un nuevo plenario realizado este miércoles, el Consejo de la Magistratura de la Nación, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aprobó la remisión de siete nuevas ternas al Poder Ejecutivo. Esta acción forma parte de un trabajo que vienen realizando desde el organismo para garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial en todo el país, con el objetivo de cubrir vacantes clave que requieren una atención inmediata.

Entre los temas clave, se aprobó el presupuesto para el 2025, que será de más de $2 billones. El proyecto obtuvo 14 votos a favor y 6 abstenciones, por parte de los representantes que pertenecen a Unión por la Patria. Sin embargo, el tema del presupuesto viene trayendo problemas dentro del organismo debido a que Sebastián Amerio, secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo, adelantó que la cifra iba a sufrir recortes significativos cuando le llegue al Ministerio de Economía. 

Uno de los temas que causaron contrapuntos fue la aprobación de una partida para un edificio de la Cámara Federal de Luis Piedrabuena, en Santa Cruz. Sobre este tema, la diputada nacional de la UCR y oriunda de esa provincia, Roxana Reyes, afirmó “no entender” el interés que repercute en ese lugar y alegó que los abogados de Santa Cruz y Tierra del Fuego “consideran que en Piedra Buena no se puede poner una cámara” debido a las complicaciones para acceder a la ciudad. Si bien se aprobaron los nombres de los integrantes del tribunal, la Corte no habilitó su funcionamiento y no tiene edificio propio.

Asimismo, repudiaron la represión que sufrieron los trabajadores judiciales ayer frente a Tribunales. “Me parece que este cuerpo debe expresar su solidaridad con el hecho de violencia y represión institucional reclamando y demandando por los salarios de todos los trabajadores y las trabajadoras”, señaló la diputada nacional Vanesa Siley (UxP) y agregó: “Espero que todo el cuerpo repudie la represión y garantice el derecho de protesta, de huelga y la libre expresión en nuestro país”. 

Al pedido se sumaron el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barrotaveña. “Los reclamos que siempre han hecho los trabajadores en la CSJN, en el cuarto piso, salariales, de condiciones de trabajo, siempre han sido con absoluto respeto y ese respeto debe ser asumido y correspondido por las autoridades que controlan el orden público. Debo decir que los representantes sindicales se han manejado siempre, muchas veces de acuerdo y otras no, pero siempre en el marco del diálogo y estamos acostumbrado a tenerlas en el cuarto piso de la Corte los días que hay acuerdo pero siempre en un clima de absoluta corrección y adhiero a lo que aquí se ha dicho. Dejaremos constancia de esta circunstancia y la haremos pública”, explicó Rosatti.

Sobre esto, Amerio se abstuvo, pero prometió solicitar un pedido de informe sobre lo ocurrido, a diferencia de la postura adoptada en el gobierno nacional sobre las protestas sociales. 

Durante la sesión, se discutieron y aprobaron importantes concursos que permitirán el nombramiento de jueces en diversas jurisdicciones del país. Entre los concursos más destacados se encuentra el Nº 478, destinado a cubrir cuatro cargos de vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal. Este tribunal, que juega un rol esencial en el ámbito comercial del país, verá fortalecida su capacidad para resolver casos de gran envergadura.

Otro de los concursos aprobados, el Nº 436, apunta a cubrir el cargo de juez/a del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Este nombramiento es crucial para una región que ha experimentado un notable aumento en la complejidad de los casos federales, particularmente en áreas como el medio ambiente y los derechos indígenas, cuestiones que han cobrado mayor relevancia en los últimos años.

El Plenario también avanzó con el Concurso Nº 452, destinado a cubrir dos cargos de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Este tribunal tiene una importancia estratégica en la región patagónica, no solo por su rol en la administración de justicia, sino también por su cercanía a zonas con fuertes desafíos en materia de criminalidad organizada y narcotráfico.

Además de estas ternas, el Consejo de la Magistratura aprobó listas de conjueces para ser enviadas al Poder Ejecutivo. Estas listas corresponden a diversas cámaras federales de apelaciones y de primera instancia en Mendoza, Mar del Plata, General Roca, y la Ciudad de Buenos Aires. Los conjueces desempeñan un papel esencial en el sistema judicial, ya que son quienes asumen la función judicial en casos de recusación o impedimento de los jueces titulares.

Estos avances se producen en un contexto donde la demanda de justicia ágil y eficiente es cada vez más apremiante, especialmente en áreas con alta densidad de casos y en jurisdicciones federales que requieren un tratamiento especializado. La labor del Consejo de la Magistratura se enmarca en un objetivo más amplio de garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional, fortaleciendo las instituciones judiciales y asegurando que cada vacante se cubra con la mayor celeridad posible.

En los próximos meses, se espera que el Consejo continúe con esta dinámica, enviando nuevas ternas y fortaleciendo así el sistema judicial. Este esfuerzo constante por parte del Consejo no solo garantiza la cobertura de vacantes, sino que también refuerza la confianza en las instituciones que velan por el cumplimiento de la ley en el país.