El conflicto por la utilización de las pistolas Taser está lejos de terminar y sumó un nuevo capítulo tras el anuncio del Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que confirmó la compra de cargamento para uso exclusivo de las fuerzas federales.

“Nosotros ya compramos las pistolas Taser en octubre. Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos”, dijo el titular de la Cartera y adelantó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires también podrá utilizarlas.

Si bien aún no se brindaron detalles de cómo se utilizarán, Amnistía Internacional solicitó al ministerio de Fernández que sobre el tipo y la cantidad de armas eléctricas compradas, qué efectivos utilizarán esas armas y cuáles serán los criterios de selección, qué capacitaciones se brindarán y los procedimientos de rendición de cuentas, entre otros.

Según el organismo internacional, el pedido se funda en la mala utilización de este tipo de armas y la subestimación sobre los riesgos. Detallaron que las Taser presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera excesiva, ya que que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento; “tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no deja huellas en la persona y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que está utilizando; y son usadas con demasiada frecuencia por las fuerzas de seguridad”.

Además, “muchas veces son utilizadas en modo “aturdimiento” a partir de la descarga continua o prolongada si se aprieta reiteradas veces el gatillo o se mantiene apretado, con la intención de infligir dolor, lo que equivale a tratos crueles, inhumanos o degradantes; y se suelen subestimar los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas”, agregaron desde la entidad internacional.

Firmado por su directora ejecutiva, Mariela Belski, el pedido de acceso a la información pública remarcó que este tipo de arma debe ser utilizada “sólo en situaciones extremas y limitadas cuando haya una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesiones graves- como lo establece el Comité contra la Tortura de la ONU”.

Según la ley de acceso a la información pública, el gobierno cuenta con 15 días hábiles para responder el pedido realizado.