El gobierno de San Luis activó una medida que sacudió la política local: todos los funcionarios públicos de la provincia deberán someterse a un narcotest obligatorio. La prueba, que apunta a detectar el consumo de sustancias ilegales, alcanza a los tres poderes del Estado y se realizará de manera aleatoria y anual.

El primer sorteo ya se llevó a cabo y determinó que 60 trabajadores estatales serán los primeros en pasar por el análisis toxicológico. La toma de muestras arrancará mañana a las 8, según confirmó Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis. "Es un procedimiento que nos obliga la ley y busca garantizar que quienes ocupamos cargos públicos no consumamos drogas ilegales", explicó el funcionario en declaraciones radiales.

El test, enmarcado en la reglamentación “Ejemplaridad y coherencia en la lucha contra el narcotráfico”, busca establecer un control estricto sobre el consumo de cocaína, metanfetamina, morfina y marihuana, entre otras sustancias prohibidas. En total, la norma alcanza a 1.600 personas entre ministros, legisladores, jueces y demás autoridades provinciales.

Para garantizar la transparencia del proceso, el sorteo se realizó a través de la Lotería de San Luis. Los análisis estarán a cargo de la Universidad Nacional de San Luis, mientras que en caso de un resultado positivo, se hará una contraprueba en la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Tenemos dos instituciones con trayectoria en este tipo de estudios, lo que aporta seriedad e imparcialidad", destacó Bazla.

Si un funcionario da positivo en el test, la ley establece que el organismo correspondiente deberá determinar los pasos a seguir. Entre las opciones, se contempla desde la suspensión temporal hasta el cese definitivo en el cargo, dependiendo del grado de consumo. "Primero se reconoce si estamos frente a un caso de adicción y luego se evalúa la continuidad del funcionario en su puesto", explicó el secretario de Ética Pública.

El gobernador Claudio Poggi fue el primero en someterse al examen y, tras conocerse su resultado negativo, defendió la medida. "La lucha contra el narcotráfico necesita coherencia y fortaleza. No se puede combatir algo que se consume", sentenció. También pasaron por el test el vicegobernador Ricardo Endeiza, la ministra de Seguridad Nancy Sosa, y otros altos funcionarios.

La iniciativa, aprobada en noviembre del año pasado, generó reacciones diversas dentro y fuera de la provincia. Mientras algunos celebran el endurecimiento del control estatal, otros cuestionan el impacto real de la medida y su aplicación efectiva.