El Juzgado Federal de Garantías N°1 de Salta homologó dos acuerdos de conciliación a través de los cuales se arribó a la resolución de conflicto en dos hechos que eran motivo de investigación por parte del fiscal Ricardo Rafael Toranzos, con competencia electoral, ocurridos en aquella capital durante las elecciones generales del 22 de octubre pasado y en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el 19 de noviembre.

El primero fue detectado cuando se realizaba la segunda vuelta de la elección presidencial, y las autoridades de la mesa N°1352, habilitada en la Escuela N°4039 "Provincia de Buenos Aires", advirtieron la destrucción de 31 boletas electorales.

A partir de esa situación, se dio intervención a la fiscalía ante la posible comisión del delito contemplado en el inciso “g” del artículo 139 del Código Electoral Nacional, que establece penas de 1 a 3 años de prisión a quien “sustrajere boletas del cuarto oscuro, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare”.

El segundo caso se dio durante las elecciones generales del 22 de octubre pasado. Las actuaciones habían sido iniciadas por personal de la subcomisaría de Villa El Sol, en la zona este de la ciudad de Salta. Allí se indicó que la policía actuó en respuesta a maniobras que llevaban adelante cuatro personas apostadas frente a la Escuela "Arturo Oñativia", donde los sospechosos interceptaban a los votantes, mantenían un breve diálogo, les daban una boleta electoral y los acompañaban hasta el establecimiento. 

Se agregó que, una vez que los electores con los que habían hablado salían de emitir su voto, les exhibían el comprobante de votación y la pantalla de su teléfono celular, ante lo cual, y a modo de pasamano, recibían algo y se retiraban del lugar.

El acuerdo del primer caso consistió en el pago de una donación de 100 mil pesos en efectivo por parte del votante, que se dispuso a favor de una fundación de equinoterapia de de Salta.

En el caso del segundo, la reparación integral se acordó con la donación de 50 mil pesos en efectivo por cada uno de los investigados y la realización de 12 horas de tareas comunitarias por mes, durante un lapso de seis meses. Las entidades beneficiadas fueron dos merenderos de la ciudad de Salta.