La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, un instrumento clave para la transparencia desde su sanción en 2016 y posterior reglamentación en 2017, ha sufrido modificaciones significativas con el Decreto 780/2024. Esta nueva normativa restringe la definición de "información pública" excluyendo datos considerados de índole privada o que no demuestren un "interés público comprometido".

Desde la vigencia de la ley hasta hoy, se han registrado 47.840 solicitudes de información pública. Un informe de Chequeado basado en datos de la Agencia de Acceso a la Información Pública muestra que el 93,9% de estas fueron atendidas. Durante la administración de Alberto Fernández se alcanzó la cifra más alta con 31.156 pedidos, mientras que en los primeros nueve meses de Javier Milei ya suman 7.515 solicitudes.

Comparando los primeros nueve meses de gobierno, Milei lidera en cantidad de solicitudes con más de 7.500, seguido por Fernández con 3.224 y Macri con 2.085 post-reglamentación. Esta tendencia ascendente sugiere un incremento en el interés y la utilización de esta herramienta de fiscalización por parte de la ciudadanía.

En la gestión actual, los principales receptores de solicitudes han sido el Ministerio de Economía con 2.408 pedidos, la Jefatura de Gabinete con 998, y el nuevo Ministerio de Capital Humano con 849. Históricamente, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete han sido los más consultados, aunque el Ministerio de Salud se destacó durante la pandemia de COVID-19 con más de 1.700 solicitudes en 2020.

La capacidad de respuesta del gobierno también ha visto cambios. La tasa de resolución de solicitudes de Milei es del 79.02%, inferior al 96% de sus predecesores. Además, el porcentaje de pedidos vencidos durante su gestión es del 10.01%, el más alto comparado con el 2.8% de Macri y el 3.3% de Fernández.

Los datos revelan que la mayor parte de las solicitudes proviene de particulares (11.960), seguido por académicos (4.203), medios de comunicación (3.064) y el sector público (2.869). Estas cifras reflejan una participación activa de diversos sectores de la sociedad en la fiscalización y seguimiento de la gestión pública.

Las nuevas regulaciones podrían complicar la obtención de información por parte de los ciudadanos, especialmente en temas sensibles o que el gobierno considere fuera del interés público. Expertos y organizaciones civiles han expresado preocupaciones sobre cómo estas restricciones pueden afectar la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia han criticado las modificaciones por potencialmente limitar el acceso a información crucial para la sociedad civil. Subrayan la importancia de mantener canales abiertos y accesibles de información para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

Expertos en derecho y política pública están analizando las implicancias de estas modificaciones, debatiendo si representan un retroceso en las conquistas de transparencia y acceso a la información que se habían logrado en años anteriores.

Qué establece el nuevo decreto

El reciente Decreto 780/2024 establece una redefinición de lo que se considera "información pública". Según la nueva normativa, se excluyen del acceso público aquellos datos de naturaleza privada o que no evidencien un "interés público comprometido". Esta modificación es fundamental porque limita el espectro de información accesible, dejando a criterio de las autoridades la determinación de lo que constituye o no un interés público, lo que podría restringir significativamente el acceso a datos que anteriormente estaban disponibles bajo la ley.

Además, el decreto introduce mayores barreras para la solicitud de información, como la posibilidad de que los organismos públicos soliciten al ciudadano que especifique más detalladamente la información requerida, lo cual podría complicar y alargar el proceso de acceso. También se establece que ciertos tipos de información pueden permanecer clasificados por un período extendido si se considera que su divulgación podría perjudicar intereses estatales estratégicos. Estas disposiciones han generado preocupación entre activistas y expertos en transparencia, quienes argumentan que podrían ser utilizadas para evitar la divulgación de información sensible.

El acceso a la información pública es considerado un derecho fundamental para el ejercicio de otros derechos civiles y políticos. Actúa como un contrapeso al poder, permitiendo a los ciudadanos supervisar y cuestionar las acciones de sus gobernantes.

Mientras el gobierno defiende las modificaciones como una medida para proteger datos sensibles, la comunidad legal y de derechos humanos ve en estos cambios un posible obstáculo para la integridad y la apertura que requiere un gobierno democrático.

La discusión sobre la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública sigue siendo un tema central en la agenda política y social de Argentina. Con estos cambios, se espera que continúen los debates y las acciones de distintos sectores para garantizar que el acceso a la información se mantenga como una herramienta efectiva de participación y vigilancia ciudadana.