El juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario, Germán Sutter Schneider, rechazó el pedido de libertad condicional que había presentado el represor Juan Daniel Ámelong, condenado por delitos de lesa humanidad y vinculado con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La solicitud la había formulado la defensa de este exmilitar, que se encuentra detenido desde hace 20 años por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Ámelong es un exteniente coronel del Ejército que formó parte del Destacamento 121 de Inteligencia del Segundo Cuerpo con sede en Rosario. Fue condenado por los delitos que perpetró en esa ciudad con tres cadenas perpetuas, una sentencia por diez años, y una quinta por la sustracción de los mellizos Gullino.

La defensa de este represor fundamentó su pedido en que se encuentra detenido desde el 17 de mayo de 2004 de forma ininterrumpida. Actualmente está alojado en la Unidad 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. La representación legal del genocida destacó el cumplimiento de reglamentos penitenciarios, además de incluir informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal.

De acuerdo a estos documentos, Ámelong se encontraría “en condiciones temporales” para acceder a la libertad condicional a partir del 17 de mayo próximo.

En la causa, el fiscal se había opuesto al beneficio para Ámelong, al sostener que se encuentra procesado con prisión preventiva en dos causas que se encuentran elevadas a juicio.

El exmilitar tiene una sentencia firme por 36 homicidios agravados y una sentencia no ratificada por 19 desapariciones forzadas, de las cuales todas salvo una fueron seguidas de muerte. En estos procesos también fue condenado por 72 casos de torturas y 59 privaciones ilegítimas de la libertad.

Villate recordó para el abordaje de beneficios en casos de lesa humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establecen que debe evaluarse que las víctimas representan a toda la comunidad en su conjunto. 

La fiscalía sostuvo además que la actitud que Ámelong ha tenido a lo largo del tiempo “no permite inferir que haya adquirido la capacidad de comprender y respetar la ley en vistas de una adecuada reinserción social en procura de la comprensión y apoyo de la sociedad”.

“En la audiencia le pedimos que se requiera un informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal ante un relevamiento del Servicio Penitenciario Federal, que dictaminó en forma favorable al ingreso de Amelong al período de libertad condicional. En la audiencia invocamos muchas razones para sostener que no puede considerárselo resocializado”, señaló Villate ante una consulta de Data Clave.

Antes de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de 2023, Villarruel, entonces candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA) mantuvo un debate televisivo con Agustín Rossi, postulante de Unión por la Patria (UxP) para el mismo cargo.

Abogada con varios libros en los cuales niega los crímenes del terrorismo de Estado y reclama “verdad completa” frente a la violencia política que sacudió a Argentina en los años ’70, reivindicó la figura de Ámelong, a quien visitó en varias oportunidades en la cárcel.

"Lo que me parece importante es que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros en democracia en la ciudad de Rosario”, remarcó Villarruel en un pasaje de ese debate, sin mencionar cuáles eran los antecedentes penales de ese exmilitar.

"Amelong y su patota mataron a mi viejo y a otrxs tantxs más. A mi papá lo tuvieron con grilletes hasta que lo asesinaron en la parrilla. Su cuerpo fue probablemente tirado”, escribió, horas después de ese debate, en su cuenta de la red social X Florencia Garat, hija de Eduardo Garat, abogado, escribano, militante de la JP, secuestrado en abril de 1978.

La Justicia de Rosario debe decidir ahora si Ámelong, con todas estos crímenes y condenas en su haber, accede al beneficio de la libertad condicional.