Justicia suspendió por 120 días la implementación del sistema acusatorio en Reconquista
Se trata del Código Procesal Penal Federal que le otorga a los fiscales la atribución de investigar los delitos. La cartera de Cúneo Libarona quiere determinar cuáles son los requerimientos necesarios para aplicar este sistema en esa ciudad del norte de Santa Fe.
El ministerio de Justicia dispuso por la postergación por 120 días de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la sección judicial Reconquista, en Santa Fe. De esta forma, la Procuración General de la Nación no se sume a la Fiscalía descentralizada de Rosario, donde desde este martes rige el sistema acusatorio.
La cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona justificó este diferimiento para concluir un relevamiento de los requerimientos necesarios para “la implementación del CPPF en ese ámbito territorial”, según se consignó en el sitio Fiscales, que depende de la Procuración.
“Más allá de lo dispuesto desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal mantiene su línea de trabajo buscando garantizar la adopción de un criterio homogéneo a lo largo de la gestión de los casos penales, desde su inicio hasta su finalización, abandonando la organización refleja con el Poder Judicial de la Nación, a través de la figura del ‘fiscal del caso’”, se señaló.
Desde el Ministerio Público Fiscal se anunció que se continuará con el funcionamiento la Fiscalía Federal de primera instancia en Reconquista. Al tiempo que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, provincia de Chaco, continuará con “la resolución de las impugnaciones derivadas de las investigaciones en trámite ante el Juzgado Federal” de esta ciudad del norte de Santa Fe.
Esta semana se presentó en Rosario el Código Procesal Penal Federal (CPPF) que entró en vigencia en esa ciudad de Santa Fe, y por el cual las investigaciones de los delitos graves como el tráfico de drogas, lavado de activos, secuestro y corrupción política quedan a cargo de los fiscales.
Este código establece que las investigaciones de los delitos estarán a cargo de las fiscalías y comenzó a tener vigencia en el distrito judicial de Rosario desde las 0.00 horas de este lunes.
De esta forma, se reemplazará al actual “sistema mixto”, reglamentado por el vigente Código Procesal Penal de la Nación o CPPN, según el cual los jueces federales alternan su rol de garantizar el respeto del debido proceso penal y juzgar sobre la situación procesal y responsabilidad del imputado.
Con sus resabios inquisitivos, ese sistema es el que rige actualmente a nivel federal en la mayor parte del país y, también, para los casos que tramitan ante la justicia nacional.
El distrito Rosario se suma al distrito Salta (que incluye a las provincias de Salta y Jujuy), donde este sistema se aplicó inicialmente a nivel federal hace casi cinco años, a partir de junio de 2019.
Bajo este sistema, la fiscalía y la defensa presentan sus argumentos ante una imputación y los jueces supervisan el desarrollo del proceso y toman resoluciones, en cumplimiento de las leyes y las garantías constitucionales. Además, los magistrados decidirán las medidas invasivas como los allanamientos, la interceptación de teléfonos, las detenciones y las prisiones preventivas.
Todo el proceso tramita esencialmente con audiencias orales y públicas, en las cuales se concentra la mayor actividad procesal posible.
El sistema establece que las causas se dividen en tres etapas: la investigación preliminar, intermedia y de juicio, y todo el proceso no puede extenderse por más de 36 meses.
El nuevo sistema acusatorio fue oficializado en un acto en la Facultad de Derechos de la Universidad de Rosario. Del encuentro participaron, además de Rosatti, el procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Estuvieron presentes Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, gobernador y vicegobernadora de Santa Fe, respectivamente; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el exministro de Justicia Germán Garavano, y los integrantes del Consejo de la Magistratura Agustina Díaz Cordero, Roxana Reyes, Alejandra Provítola, Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Diego Barroetaveña, entre más de 150 invitados