Organizaciones no gubernamentales presentaron una acción colectiva en el fuero contencioso administrativo federal contra el gobierno del presidente Javier Milei por “el incumplimiento de leyes y tratados internacionales en materia de violencia de género” y solicitaron además una medida cautelar para que el Ejecutivo brinde informes sobre los anuncios que sus funcionarios formulan en las redes sociales y los actos administrativos “efectivamente existentes” sobre esas medidas.

Se trata de una demanda colectiva impulsada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la asociación “Ni Una Menos” (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), originada en la decisión del Gobierno de desmantelar la Subsecretaría de Prevención de Violencias.

En una presentación que se efectivizó el pasado viernes 28 de junio y quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, a cargo del magistrado Enrique Alonso, se piden certezas sobre cómo el Estado cumplirá a partir de ahora con “las obligaciones legales asumidas local e internacionalmente para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres”.

También se demanda información sobre “los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes”, frente al despido masivo de los trabajadores en áreas de la administración púbica abocadas a atender cuestiones de violencia de género.

“El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso. Anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza. Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia”, sostienen estas organizaciones en la demanda que impulsan.  

La demanda, a la que accedió Data Clave, se enclava en un contexto de despidos masivos en áreas claves relacionadas con la violencia de género.

Los detalles de la presentación judicial

Las entidades consideran que existe imprecisión oficial sobre "cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”.

En ese sentido, se recordó que “es la primera vez" que se presenta una acción colectiva de esta naturaleza en la era Milei. La acción declarativa de certeza se presenta en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y exhortan al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren “el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia”.

La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género es el órgano bajo el cual quedó reducido el disuelto Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades y encargado de hacer cumplir las obligaciones que surgen de la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Esta Subsecretaría depende de la cartera a cargo del Ministerio de Justicia. Según un comunicado oficial de esa cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona, se habría procedido al cierre de dicho organismo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce si esa medida se efectivizó, ya que no se ha publicado la decisión formalmente en el Boletín Oficial. “Idéntica situación respecto a la posible renuncia de su titular, Claudia Barcia, ya que no hay un acto expreso de aceptación de renuncia como Subsecretaria del área”, indicaron los organismos que presentan esta demanda.

“Con la eliminación definitiva del organismo (tal cómo lo anunció Cúneo Libarona), las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos”, remarcaron.

Si esta decisión de la administración libertaria se concreta, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin una institución a cargo de aplicar las políticas de equidad de género.

Por eso, las organizaciones demandantes entienden que tal situación de incertidumbre jurídica “provoca un estado de indefensión y falta de certeza para las mujeres, niñas y adolescentes que necesiten acceder a los programas y políticas que dependen actual y directamente del funcionamiento de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género”.

A esta situación se suma “una palmaria paralización de los programas y las políticas de la institución” y el cierre de los de los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que funcionaban en todo el territorio nacional".

“El desmantelamiento de estas políticas sólo puede resultar en un recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia. Por ello, las organizaciones solicitan que cese el estado de incertidumbre y que se otorgue una medida cautelar que ordene al Estado abstenerse de efectuar reducción o retracción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada al servicio de acceso a justicia y protección de violencia de género”, puntualizaron.