Por DNU, se amplió hasta junio la doble indemnización, pero habrá una reducción gradual desde enero
A partir de 2022, se estableció un descenso escalonado del monto que cobrará un trabajador en caso de ser echado sin justa causa. Esa cifra será del 50 por ciento desde marzo y hasta el 30 de abril próximos, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022.
El Gobierno decidió implementar a partir del 2022 una reducción gradual de la doble indemnización por despidos injustificados. La decisión se confirmó mediante el Decreto 886/21 que se publicó en el Boletín Oficial. La nueva norma plantea que, en el caso de despido sin causa, el trabajador afectado “tendrá derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un incremento equivalente al 75% del monto de la misma, desde el primero de enero y hasta el 28 de febrero de 2022″.
Esa cifra será del 50 por ciento desde marzo y hasta el 30 de abril próximos, y del 25% desde el primero de mayo y hasta el 30 de junio de 2022. Según el texto oficial, los porcentajes indicados “se calcularán sobre todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción incausada del contrato de trabajo”, pero el monto correspondiente “no podrá exceder, en ningún caso, la suma de 500.000 pesos”. El beneficio “no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia” de esta ley, que fue implementada en el inicio del gobierno de Alberto Fernández.
Junto con la prohibición de despidos, la doble indemnización fue una de las dos medidas que puso en marcha la Casa Rosada en el contexto de crisis sanitaria, que fueron extendidas por decreto sucesivamente a lo largo de 2020 y, más recientemente, hasta fin de este año, con el objetivo de reducir los despidos durante la pandemia.
Ambas medidas recibieron los cuestionamientos más pronunciados por parte de las cámaras empresarias en los últimos meses. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, las llamó el “triple cepo” laboral, en lo que identifica como una de las razones por las que el sector privado no puede crear puestos de trabajo formales.
En defensa de las iniciativas, el propio ministro de Trabajo Claudio Moroni, negó que puedan incidir en el ritmo de generación de empleo. “Nos cuesta pensar en evidencia empírica que demuestre que flexibilizar las normas laborales impacte positivamente, ni siquiera el FMI piensa eso ahora”, aseguró el funcionario.
En agosto de 2021 el empleo privado aún estaba 1,5 puntos por debajo del nivel que tenía en febrero de 2020, el último mes antes de la pandemia aunque, comparado con la situación de otros países, la Argentina tenía hasta ese momento una situación menos apremiante. Brasil, estimaron, todavía estaba 11 puntos por detrás de la prepandemia; Chile, unos 6 puntos porcentuales, y los Estados Unidos, unos 5 puntos.
Desde entonces el Gobierno ya se encontraba analizando la posibilidad de pasar a un “esquema intermedio” en el 2022, en el cual la doble indemnización y la prohibición de despidos no iban a desaparecer del todo, pero se iban a flexibilizar, con el objetivo de que eventualmente se eliminen ambas medidas.
Ahora resta saber qué harán las autoridades nacionales con respecto a la prohibición de los despidos, iniciativa que generó que las renuncias se mantuvieran como la principal causa de la desvinculación laboral durante el 2021.
En los considerandos del Decreto, el Poder Ejecutivo señaló que “si bien en la actualidad se observa un marcado proceso de recuperación del empleo asalariado registrado del sector privado”, la cifra todavía “se encuentra un 5% por debajo del nivel observado en diciembre del año 2015″, por lo que “es necesario mantener el objetivo de acrecentar el nivel de protección de trabajadores y trabajadoras formales mediante un incremento de los resarcimientos originados en los despidos incausados”.
“Los efectos de la pandemia sobre la población y el todavía incierto panorama acerca de su evolución, atento a las experiencias que se observan en otros países y al crecimiento del número de contagios en nuestro país, imponen la necesidad de seguir un criterio de prudencia y gradualidad para dejar sin efecto la medida establecida”, se explicó.