La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una investigación por las responsabilidades del gobierno de Nicolás Maduro en crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos en Venezuela.

“Corresponde asumir la jurisdicción universal y la competencia extraterritorial de los órganos judiciales de la República Argentina para su debido juzgamiento”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

Además, el fallo ordenó llevar adelante todas las diligencias que impulsó el fiscal federal Carlos Stornelli “con celeridad” por entenderlas “imprescindibles para contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”. 

Por otro lado, indicaron que “en caso de hallarse reunidos los requisitos legales”, se podría llamar a indagatoria a los imputados. Entre ellos aparece Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y "todos aquellos identificados como responsables”.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que los hechos denunciados “revisten características de extrema gravedad” y que “generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales” y advirtieron “la inmediata necesidad de asumir una resolución” teniendo en cuenta la particularidad de los mismos. 

El fallo consideró que “la gravedad de la afectación de garantías fundamentales” impone revocar la decisión que ordenó cerrar la causa, para dar respuesta a “los fines esenciales y tuitivos del derecho de gentes, de la jurisdicción universal y la evitación de mayores daños”.

Por su parte, el juez Mariano Llorens subrayó la “nitidez del relato” de víctimas de “persecución y asesinato de familiares, en un contexto que es público y repercute más allá de las fronteras territoriales- en manifestaciones ocurridas en Venezuela a principios de 2014″, en donde nunca se avanzó en las responsabilidades políticas por esos hechos.

Y señaló que tampoco se evidencia “de modo irrefutable, la apertura y el encuadramiento de la investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y menos aún, las particularidades de esta –presentaciones, hechos, imputados, víctimas, convocatorias, medidas de prueba, etc.-“.

La denuncia

En julio pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py. 

La causa fue recibida por el juez Sebastián Ramos y se anexó a otras que ya existían. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita ya había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países, entre ellos Mauricio Macri, junto con Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.

El juez Ramos dispuso el archivo de esas actuaciones y ordenó remitir el expediente, con el testimonio de las víctimas, a la Corte Penal Internacional, donde ya existe un expediente abierto contra el gobierno de Nicolás Maduro, precisamente por la posición que tuvo Argentina en esa denuncia. 

Sin embargo, un grupo de víctimas apeló y sostuvo que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación”. 

Ahora, tras la decisión de la Cámara Federal Porteña, la causa volverá ahora a manos del juez Sebastián Ramos.