En la previa de un nuevo aniversario por el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas”, la causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Así lo afirmó el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, para quien el actual gobierno de Javier Milei “tendrá que dar cuenta” sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.

La mega causa posee más de 200 militares imputados, decenas de testimonios y pruebas incriminatorias y ya motivó procesamientos dictados por el Juzgado Federal actualmente a cargo de la jueza Mariel Borruto. 

En diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible el caso promovido por Cecim La Plata en el que solicitó que se declare la responsabilidad del Estado argentino por omitir investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron a los soldados durante la guerra de Malvinas.

"Declarar admisible la presente petición en relación con artículos I, II, III y XVIII de la Declaración Americana; artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2; y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", expresa la resolución, que lleva la firma de Jorge Meza, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH.

“La petición bajo análisis se refiere a posibles violaciones de los derechos humanos de los excombatientes de las Malvinas, a la integridad personal y a la vida durante el conflicto bélico ocurrido en 1982 en las Malvinas argentinas por manos de sus oficiales y suboficiales”, se lee en el documento. 

El reclamo señala, además, “la impunidad en que se encontrarían los hechos hasta el presente”.

A partir de la declaración formal de “admisibilidad”, la CIDH concede un plazo de cuatro meses (prorrogable hasta un máximo de seis meses) para que presente sus observaciones adicionales sobre el fondo” del reclamo.

Al describir el caso, la CIDH subrayó que “durante el conflicto en las Islas Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio 1982, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas habrían sometido a estos soldados de las mismas tropas a torturas de tipo físico y psicológico”.

“Además, algunos militares habrían muerto por inanición y otros habrían sido asesinados. Los peticionarios aducen que estos actos fueron cometidos en ocasiones como resultado de la intolerancia religiosa y sentimientos de antisemitismo”, completó el texto.