El juez federal Sebastián Casanello libró hoy una orden de presentación para que se informe “la cantidad, especie, fecha de vencimiento” y otros datos de los cinco millones de kilos de alimentos que se encuentran acopiados en depósitos del Ministerio de Capital Humano y que son demandados por las organizaciones sociales que administran comedores populares.  

En una resolución difundida hoy, y a la que tuvo acceso Data Calve, el magistrado le pidió a la cartera que encabeza Sandra Pettovello que presente “en el plazo de tres días un plan de distribución inmediata de dichos alimentos a los sectores que padecen inseguridad alimentaria”.

En paralelo, Casanello citó a indagatoria para el 25 de junio al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por “administración infiel”, en el marco de una causa en la que se investigan manejos irregulares con fondos del antiguo programa Plan Potenciar Trabajo, reconvertido hoy en “Volver al Trabajo”. Se trata de una investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien considera que el dirigete social habría presentado “facturación trucha en los rendimientos de fondos, que se usarían para financiar a su espacio político”, según indicaron fuentes judiciales.

La resolución de Casanello en la que pide informes a Capital Humano sobre los alimentos se origina en una denuncia presentada en febrero pasado por el dirigente social Juan Grabois.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció la suspensión, por parte del Ministerio de Capital Humano de “la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, de manera contraria a las obligaciones previstas en el Decreto 8/2023 y a los compromisos vigentes en materia alimentaria dispuestos en el marco del ‘Plan Nacional Argentina contra el Hambre’, creado mediante Resolución 8/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esa situación, según el denunciante, afectó a un gran número de personas en situación de extrema pobreza”.

La querella representada por Grabois presentó denunció el pasado 23 de mayo, señaló la existencia de “casi cinco mil toneladas de alimentos sin entregar” en “dos centros operativos pertenecientes a la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano”.

Una información periodística consignó la semana pasada que cinco toneladas de alimentos se acopian en depósitos ubicados en Villa Martelli y Tucumán.

En el Centro Operativo Martelli “habría una friolera de 2.751.653 kg. de alimentos disponible para su entrega” y en el Centro Operativo Tucumán “habría 2.269.078 kg. de alimentos listos para su entrega”, de acuerdo a la información que aportan los denunciantes.

“Llegado el momento de resolver, es necesario evaluar la procedencia o no de las medidas requeridas por la querella y la fiscalía con base en la normativa consagrada en la materia y los hechos comprobados. El derecho humano fundamental a la alimentación está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud, los que están expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que integran la Constitución Nacional", indicó Casanello en su fallo.

Por todo eso, el magistrado le pide a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Capital Humano que brinden “un detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”

El juez exige “los registros de ingreso y egreso de las mercaderías desde diciembre de 2023 hasta la fecha” y de los listados “administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

El magistrado aclara que en caso de que estos requerimientos no sean acatados por la gestión de Pettovello, se procederá a realizar “una inspección ocular” en los depósitos donde se acopian los alimentos.