La causa por los denominados “comedores fantasma” (mención que se replicó fácilmente en las redes sociales) tuvo distintas repercusiones en las últimas semanas. Según la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, solo pudieron ser relevados el 52,3% de los comedores, porque el resto no funciona más, las direcciones no existen, o nunca funcionaron como tal. Esos espacios serían 1201, de acuerdo al informe.

Pettovello será querellante en la causa en la que ya se realizaron 27 allanamientos: “Casi la mitad de los lugares en los que los piqueteros distribuían alimentos no existen o no estaban validados”, se sostuvo en la presentación. Frente a la denuncia del Ministerio ante la Justicia, ésta se expidió solicitando información específica del personal responsable del control de los comedores registrados que prestaron o prestan funciones.

La intervención del Estado para un correcto funcionamiento de las políticas públicas y sus recursos resulta fundamental, más aún en un contexto de aumento exponencial del índice de pobreza, de acuerdo a lo que aseguran expertos en políticas estatales. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza ya alcanzó el 55% y el índice de indigencia, el 18%. Los números (bastante altos) continúan en ascenso.

Lo que sostienen dentro de los organismos sociales es que la construcción de una imagen negativa de los comedores comunitarios en medios de comunicación masivos y redes sociales, sosteniendo la idea de que funcionan sólo mediante la corrupción con intenciones de explotar los recursos destinados a quienes más los necesitan, busca el aval social para la desfinanciación. Dicha intención, denuncian, se ve expuesta cuando la información que brindan resulta confusa.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios fue creado durante la pandemia para obtener un mapeo de estos espacios en los barrios, conocer la realidad y definir políticas públicas a partir de los resultados. Es decir, su función está ligada al relevamiento y no a la distribución de alimentos. La inscripción se renueva cada dos años, es para espacios que no tengan intervención del sistema educativo y no regula la expedición de la comida.

Los comedores que forman parte del ReNaCOM deben brindar asistencia alimentaria gratuita a personas al menos tres veces por semana cocinando, sirviendo y entregando una comida principal, complementada con desayuno o merienda. Por su parte, los merenderos deben proporcionar desayuno o merienda. No mencionan exclusividad, por lo que podrían ser casas particulares, lo que es relevante para tener en cuenta al interpretar el relevamiento del Ministerio de Capital Humano.

En el ámbito judicial se radicaron diversos recursos de amparo para garantizar la distribución de los alimentos, ya que la actividad se vio suspendida ante el corte radical que estableció el ministerio al momento de la denuncia, donde cesaron el reparto de mercadería para la elaboración de comidas.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se autoconvocó nuevamente para hacer “La Fila del Hambre” en la puerta del ministerio de Capital Humano en reclamo por la crisis alarmante de los comedores. Mientras tanto, la intención de La Libertad Avanza es justamente avanzar sobre las políticas alimentarias.