El juez federal Sebastián Ramos envió formalmente una notificación a Interpol solicitando que se emitan alertas rojas contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello y otros quince funcionarios de su administración, acusados de cometer violaciones graves en Venezuela. La causa fue impulsada en los tribunales de Buenos Aires, amparada en el principio de jurisdicción universal, una medida que permite juzgar en Argentina crímenes de esta naturaleza cometidos en otros países.

El pedido de captura no es nuevo; fue dictado el 23 de septiembre por la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Según estos magistrados, los acusados habrían participado en un “plan sistemático” de torturas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. “Es muy difícil lograr estas alertas, pero debemos intentarlo”, declaró el abogado Tomás Farini Duggan, quien presentó la denuncia. “No es imposible, aunque en el caso de Maduro es muy complejo por su inmunidad parlamentaria. Interpol debería detenerlo si la orden proviene de la Corte Penal Internacional”, enfatizó.

Ahora, la pelota está en la cancha de Interpol, que deberá analizar el pedido y decidir cómo proceder en caso de que Maduro o sus colaboradores salgan de Venezuela. El tema genera inquietud, en particular sobre el caso de Maduro, quien podría escudarse en su inmunidad como jefe de Estado. La Cámara Federal de Buenos Aires dejó claro que esta no es una limitante insalvable, aunque admiten que existen desafíos legales significativos.

A su vez, el contexto internacional agrega otra capa de complejidad: el próximo 18 de noviembre, Maduro podría viajar a Brasil para participar en la Cumbre del G20 en Río de Janeiro. “Si no hay un acuerdo político, Maduro debería ser arrestado”, sostuvo Farini Duggan, subrayando la tensión entre las obligaciones jurídicas y los posibles compromisos diplomáticos que podrían surgir en el marco de la cumbre.

La denuncia contra Maduro fue promovida inicialmente por la Fundación de George Clooney y recibió un fuerte respaldo de la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER). El pasado 5 de abril, la Cámara Federal porteña ordenó investigar al gobierno venezolano por delitos que calificó de “extrema gravedad” y solicitó acciones inmediatas para evitar más afectaciones a la población civil. En su resolución, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens instruyeron la detención de los implicados y recabaron pruebas adicionales de testigos y víctimas venezolanas.

Durante el proceso, se revelaron serias violaciones de derechos en el marco de las elecciones presidenciales de Venezuela, realizadas el 28 de julio pasado. Según la querella, se documentaron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Además, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela aportó evidencias de la persecución violenta de opositores al régimen.

Tras la formalización de la orden de captura, la tensión escaló rápidamente. En respuesta, el régimen venezolano emitió órdenes de captura contra el presidente electo de Argentina, Javier Milei, su hermana Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros altos funcionarios judiciales y políticos que participaron en la denuncia. Entre ellos figuran los jueces Bruglia, Bertuzzi, Llorens, y también los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe. Esta medida fue vista en Argentina como una represalia por la causa judicial abierta en Buenos Aires.

Desde la Procuración General de la Nación y el Consejo de la Magistratura manifestaron su rechazo a las órdenes de captura emitidas por Venezuela. “Ratificamos la defensa de la independencia judicial y la eficacia en la prestación del servicio de justicia sin condicionamientos externos”, expresaron ambos organismos, enfatizando la autonomía del sistema judicial argentino frente a presiones extranjeras.

La expectativa ahora está puesta en las posibles acciones de Interpol y en cómo los países receptores de los implicados manejarán los pedidos de captura. Aunque no es común que las alertas rojas sean aplicadas a líderes en funciones, la situación podría abrir un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno venezolano y la comunidad internacional. Además, el foco está puesto en la cumbre del G20 en Brasil, donde Maduro podría enfrentarse a un potencial arresto si se emiten las alertas.