Los últimas semanas del juicio por el homicidio de Lucas González se suscitaron entre nuevos investigados y datos que no se conocían públicamente y que determinaron la forma en que los policías "eligieron" y “seleccionaron” al joven futbolista de Barracas Central y a sus amigos.

En ese marco, el fiscal Leonel Gómez Barbella delinea las primeras medidas en la investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, a quien los abogados de varios defensores de los policías lo colocaron en un lugar de presunto encubrimiento.

Para entender como se llegó a eso, hay que comprender que a juicio llegaron 14 policías de la CABA: 3 fueron directamente involucrados en el homicidio de Lucas y el intento de asesinato contra sus tres amigos y los otros 11 están imputados por el encubrimiento a sus colegas y por detener de manera ilegal a los adolescentes.

En este punto, y antes de que comiencen los alegatos, uno de los policías, Héctor Cuevas, se quebró: admitió que sus compañeros “plantaron un arma” dentro del auto, lo que se corresponde con una serie de audios que habían encontrado en su celular donde relataba paso a paso lo sucedido.

Tras esa explosiva declaración indagatoria, se giró esa información a la parte de causa que aún está en investigación y allí se procedió a la detención del policía n°12, quien ya fue procesado la semana pasada por ir a buscar junto con uno de los tiradores la réplica del arma. 

“Fue tal la desesperación y la incapacidad para hacer el mal que fueron en moto hasta una comisaría y trajeron una réplica, un arma de juguete para justificar un supuesto enfrentamiento armado”, marcó el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente en su alegato la semana pasada para graficar la situación, conectando los puntos entre lo que pasa en el juicio y lo que ahora se mueve en la investigación. 

Pero la declaración de Cuevas no quedaría aquí. Esta semana, cuando su abogado comenzó a alegar, reveló una serie de datos que implicarían a Berard, jefe de la policía porteña. En su exposición, aseguró que a este tipo de operativos se envían a comisarios generales para que el jefe a cargo de la fuerza sepa todo en el momento. 

Marcó que el propio Berard había recibido la data por parte de sus subordinados: ¿en serio vamos a creer que el jefe de policía no sabía nada de lo que había pasado en ese lugar?”, se preguntó. De esta forma, enumeró las distintas instancias donde el encargado de la fuerza tomó conocimiento de los hechos. A esto se le sumó el alegato de la defensora del oficial Ángel Arévalos, que aseguró haberse reunido con la cúpula en febrero del año pasado.

"El jefe de policía y una persona que dijo ser el subjefe nos dijeron: 'nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que lleguen a nosotros'”, aseguró. 

Tras los alegatos y las revelaciones, la fiscalía y la querella pidieron que se envíe ese material para que se investigue de inmediato. El presidente del Tribunal Oral Criminal y Correccional 25, Hugo Navarro, hizo lugar a la medida y remitió la información a la oficina de sorteos de la Cámara de Apelaciones.

No obstante el sorteo, en Tribunales estaba claro que ese desprendimiento caería en el juzgado a cargo de Vanesa Peluffo, el mismo lugar donde se instruyó en primer momento el caso.

La jueza delegó la investigación en el fiscal, que rápidamente comenzó a evaluar el material. A partir de ello, la hipótesis que se maneja en los investigadores se basa en reconstruir los hilos de un posible encubrimiento.

Es decir, si Berard tenía conocimiento de las irregularidades que se llevaron adelante en los procedimientos, si se puede establecer que estuvo al tanto de la situación de los adolescentes detenidos injustamente y del plan para tildarlos como delincuentes, la fiscalía podría incluso pedir su detención, como lo hizo en el resto de los casos donde investigó el encubrimiento.

Está claro que las comunicaciones, mensajes y los testimonios que se puedan conseguir más allá de los alegatos de las defensas serán claves.

Mientras todo esto sucede, el juicio se acerca a su instancia final. La próxima semana, alegará la defensa del oficial Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Se trata de Fernando Soto, el mismo abogado que representó al policía Luis Chocobar. La estrategia, tal como se adelantó en el debate, girará en torno al cumplimiento del deber.

Cabe recordar que la fiscalía mostró un material en su alegato donde se observa claramente como los chicos fueron seleccionados por los efectivos de la Policía. En la filmación, se observa al auto de la brigada como pasa por al lado de la Suran de los adolescentes y luego, tras hacer una vuelta en U, retoma para pasarles nuevamente por el costado. La secuencia no termina allí: el video muestra como se adelantaron y esperaron que pasen para comenzar la persecución. ”Fue una cacería, estaban persiguiendo a su presa”, dijo el fiscal.

Tras el fin de los alegatos de la defensa y la etapa de réplicas y dúplicas, el Tribunal tiene programado dar a conocer la sentencia entre el 11 y el 13 de julio. Cualquier imprevisto colocaría al resultado más allá de la feria judicial. Los fundamentos de l decisión probablemente demorarán más de dos meses.