"Lo ocurrido fue un viejo juicio de inquisición, y sin prueba alguna. Extrañamente, se dispuso una remoción de un senador nacional, sin un solo elemento de prueba institucional. No hay en el expediente que fue motivo de votación un solo documento oficial, con signos de autenticidad, ni mucho menos librado por la República de Paraguay ni apostillado conforme imponer el derecho internacional", dice la demanda que raudamente presentó Edgardo Kueider en el fuero contencioso administrativo a través de sus abogados.

En el escrito, al que accedió Data Clave, Kueider pide una cautelar que suspenda la decisión del Senado mientras se define su planteo de ser restituido en el puesto. Considera que debe declararse inconstitucional la votación o, en su defecto, declararse la “nulidad absoluta e insanable, invalidez e inaplicabilidad de la Sesión anteriormente citada, su votación, resolución y de todo lo actuado en su consecuencia”.

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Ante esto, el juez Enrique Lavié Pico tomó las primeras medidas: ordenó que presente “un escrito suscripto en forma ológrafa por el actor a fin de ratificar lo actuado”. Esto significa que debe conseguirse la firma de Kueider, a pesar de que en la demanda se había planteado que en este momento está detenido en Paraguay.

Lo otro que hizo el magistrado contencioso fue girarle el caso a la Fiscalía 7 de ese fuero para que opine sobre si corresponde que intervenga.

La demanda y las pruebas

“A partir de que el Sr. Presidente abandonó el país, la Sra. Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores, pasó a ejercer el cargo de Presidente a cargo, con lo cual NO pudo y NO debió como representante del Poder Ejecutivo en ejercicio, presidir la Sesión que se impugna”, se sostiene como parte de los argumentos que esgrimió Kueider.

Alineado con Milei y el discurso libertario, el exsenador critica fuertemente a la vicepresidenta e incluso hasta desliza la posibilidad de denunciarla penalmente. “Es inaudito pensar que nuestro país no tuvo representante legal entre las 12.00/14.00 y 19.00 hs., circunstancia que, en todo caso, coloca en incumplimiento de los deberes de funcionario público tanto al Sr. Presidente, como a la Sra. Vice presidenta, con lo cual, en caso que el Estado articule esa defensa, solicito a S.S. que, ante la constatación fehaciente de ese incumplimiento, realice la denuncia respectiva”, marca.

“Lo obrado es como si el Sr. Presidente Milei hubiera venido, se hubiera sentado en el sillón del presidente del Senado, y hubiera sesionado, constatado el quorum, puesto en votación una propuesta, contabilizado los votos, y proclamado una aprobación. Nada más ridículo e inimaginable que Milei expulsando a un senador nacional de su banca”, ironiza.

Con respecto a la judicialización de una decisión tomada por el Senado, Kueider arguye que su caso versa sobre la gravedad institucional y que por ello amerita una intervención judicial.

“La justicia debe cumplir con su deber constitucional de ejercer una revisión judicial acorde a la trascendencia institucional de la cuestión involucrada, y no existe una cuestión de mayor gravedad que la remoción de un senador nacional de su puesto, lo que implica obrar en contra de la voluntad popular que lo ha ungido con su voto”, argumenta.

Además del escrito de 30 páginas, Kueider adjunta como prueba una serie de capturas televisivas donde se expuso la pelea entre Milei y Villarruel. En concreto, toma como evidencia a su favor lo que el Ejecutivo sostiene sobre haber informado el viaje del presidente el martes.