El año que viene no solo será crucial por las elecciones presidenciales, sino que además hay mucho más en juego. En 2023 vence la concesión de las represas hidroeléctricas que hoy están bajo dominio del Estado nacional y otorgadas a empresas privadas. La intención de las provincias y en la que ya trabajan legisladores Neuquén, Río Negro y Chubut es que vuelvan a manos provinciales, una vez que finalicen los contratos actuales. 

Las concesiones de las represas en cuestión finalizan el próximo año, atento a que el contrato de concesión fue firmado en el año 1993 por un plazo de 30 años. En efecto, y de acuerdo al propio marco regulatorio, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional. Allí se abrirá un debate político pero también judicial. 

Nación sostiene que las presas corresponden al ámbito nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma del '94, que estableció que los recursos naturales son de las provincias. 

Pero atención, no es solo una discusión sobre soberanía energética. El tema que subyace a la puja es también la cuestión de las regalías: Neuquén exige una devolución de regalías hidroeléctricas que van desde agosto de 2016 hasta julio de 2021 y supera los 1.164 millones de pesos. Y hay un detalle no menor de fondo: el costo que pagan en las provincias por un bien que producen. Exigen tarifa diferencial por ser productoras y reclaman que hoy se les cobra traslado y transporte de la misma, desconociendo su rol en la cadena de producción.

Donde hay un derecho, hay una puja política

Como no podía ser de otra manera, en esta disputa, también se coló la grieta. El puntapié lo dio un senador del Frente de Todos, histórico socio de Cristina Fernández de Kirchner. Semanas atrás, el neuquino Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de Energía Argentina s.a. (ENARSA), en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.

En otras palabras, propone nacionalizar lo que hoy es el manejo de las represas en manos privadas. Además, el proyecto ordena que “ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”. Pero atención, en un apartado abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.

Entre los argumentos, Parrilli señala que “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética, a través de una asociación estratégica con las provincias titulares del recurso hídrico, de fuerte sentido federal y de la participación del sector privado, cuando se considere conveniente”. 

Como era de esperarse, la respuesta del otro lado del mostrador no tardó en llegar. Y lo hizo de la mano de uno de los hombres llamado a ser protagonista en el 2023. Se trata del también senador nacional Ignacio Torres, chubutense, del PRO. El legislador más joven de la Cámara Alta será candidato a gobernador por Juntos por el Cambio y los sondeos le dan muy bien, en lo que será una disputa contra un peronismo dividido desde siempre.

“Serán las jurisdicciones provinciales con injerencia en el manejo del recurso hídrico, a través de los comités de cuenca, quienes organicen la explotación de los mismos, sin perjuicio de ello, el poder de policía y seguridad de presas será ejercido por el ORSEP de acuerdo a las normas vigentes o que en el futuro se establezcan”, subraya el proyecto de Ley presentado por ‘Nacho’ a mediados de diciembre. 

Y agrega: “El Estado Nacional ha otorgado concesiones hidroeléctricas en los términos que prevé la Ley, sobre recursos hídricos provinciales tanto antes, como después de la reforma constitucional de 1994, sin que la facultad del Estado Nacional para otorgar dichas concesiones haya sido cuestionada constitucionalmente”.

Por último, sentencia: “Hoy, frente a las ingentes necesidades de racionalizaciones del uso del recurso hídrico, se impone un manejo integrado y por quienes detentan el dominio del mismo. Son las provincias quienes deben proceder a la articulación en pos de sus intereses, y quienes efectivamente deben poseer la gestión unificada e integral de sus recursos. Como patagónicos, creemos importante que se reviertan estas concesiones dado, que solo se pretende reconocer la razonabilidad que el poder jurídico les otorga a las provincias como autoridad de cuenca y de manera estratégica sean las mismas las que con sus recursos contribuyan a la producción de energía, un recurso indispensable para el desarrollo de nuestra región y nuestro país”.