La magistrada federal María Servini le otorgó la exención de prisión para el exoperador judicial del gobierno de Cambiemos, Fabián Jorge “Pepín” Rodríguez Simón bajo una fianza de más tres mil millones de pesos, y le impuso la obligación y le impuso la obligación de comparecer ante los tribunales dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes. El abogado y exasesor del expresidente Mauricio Macri se encontraba desde 2020 en Uruguay, donde se encontraba prófugo de la Justicia argentina, acusado de haber armado una causa contra los directivos del Grupo Indalo.    

“Pepín” tendrá la obligación de “solicitar autorización a al Juzgado Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez que pretenda ausentarse por más de 24 horas de su domicilio, según una resolución firmada por la jueza Servini que se difundió hoy y a la que tuvo acceso Data Clave.   

Además, el exasesor macrista deberá además dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar su domicilio, y también tendrá prohibición de salida del país y deberá entregar su pasaporte a la Justicia.

Para concederle este beneficio, la magistrada tuvo en cuenta que el 21 de mayo próximo se cumplirían tres años desde su declaración de rebeldía, pero indica que hubo “un cambio de actitud” en su conducta, lo que permitirá “avanzar en el trámite del expediente, en principal sobre su situación procesal, posibilitando que se cumpla con la declaración indagatoria”.

En ese sentido, la resolución establece que el cambio de actitud evidenciaba además el yerro de Rodríguez Simón en su idea de considerarse “perseguido”, y temeroso de que se agravaran sus “garantías constitucionales”.

Así como libremente se sustrajo del proceso, de manera voluntaria volvía a someterse a la misma jurisdicción de la cual se fugó y que tildó “plagada de irregularidades procesales y donde no se le permitía ejercer su derecho a defensa en juicio”.

En ese sentido, la justicia celebró que haya escogido “las herramientas que le brindaba el proceso penal para articular el planteo que estimó pertinente, máxime cuando lo estaba haciendo ante el mismo poder del estado que en su momento tildó de ‘herramienta de persecución’”.

Así, a fin de avanzar en la investigación, se estimó como suficiente una caución real y las otras pautas de conducta indicadas.

Para la imposición del monto se tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”.

Rodríguez Simón está vinculado desde hace años al expresidente Macri y durante su gobierno fue también el titular del Comité de Compliance de YPF, cuya función era la de revisar que se cumpliera el código de ética internacional y velar por los buenos comportamientos.

Es actualmente investigado por el armado de una mesa judicial con el objetivo de perseguir a los titulares del  Grupo Indalo, Fabíán de Sousa y Cristóbal López.

 En 2020, se trasladó a Uruguay, donde se trasladó para eludir un pedido de indagatoria. Ante reiterados pedidos para que se presentará a declarar, y que fueron desoídos por el imputado, Servini le solicitó su extradición en 2021, tras declararlo en rebeldía. Además, dispuso la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios.

En Uruguay, solicitó asilo político al afirmar que era un perseguido y que tenía miedo de ser privado “indebidamente” de su libertad. La Corte del vecino país rechazó darle esa condición que solicitaba y tenía pendiente resolver sobre el pedido de extradición. Además, mientras estuvo prófugo de la justicia se desempeñó como legislador del Parlasur, un órgano representativo del Mercosur con sede en Montevideo.