La conducción de la Asociación Bancaria (AB) que lidera el diputado nacional Sergio Palazzo, repudió este viernes la represión que llevaron a cabo las fuerzas policiales "sobre los trabajadores, ciudadanos y jubilados que asistieron a las inmediaciones del Congreso para ejercer su libre derecho de protesta durante el tratamiento ayer en la Cámara baja del proyecto de ley Bases".

La entidad gremial de los empleados bancarios instó además al presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a "deponer las actitudes provocativas, autoritarias y de violencia hacia el pueblo argentino".

"Desde la Asociación Bancaria repudiamos enérgicamente la represión llevada a cabo por las fuerzas policiales, dispuesta por el Gobierno Nacional, en contra de trabajadores, ciudadanos y hasta jubilados que asistieron a las inmediaciones del Congreso para ejercer su libre derecho de protesta", indicó la organización a través de un comunicado.

La entidad sindical apuntó que "al parecer el solo hecho de protestar y mostrar disconformidad contra un Gobierno que cada día se muestra más autoritario y déspota, solo puede ser acallado con la violencia de las distintas fuerzas represoras, bajo las órdenes de Bullrich, a quien hacemos responsable conjuntamente con el Gobierno Nacional de cualquier tragedia que pueda ocurrir".

"Hace poco festejamos los 40 años de democracia, donde la libertad de expresión y el derecho de protesta deberían ser algo normal, tal cual lo establece la Constitución Nacional, y como sociedad libre y democrática queremos y deseamos todos los habitantes de este país", concluyó el comunicado gremial.

En la misma línea, la CGT aseguró que “el gobierno nacional encabezado por el presidente Milei, a través de sus primeras iniciativas: un DNU de falsa necesidad y urgencia; y una Ley Ómnibus intervenida por las grandes corporaciones empresariales y en condiciones irregulares para su dictamen y tratamiento inicia su gestión bordeando el filo de la legalidad institucional, violando reglas y procedimientos constitucionales, desconociendo leyes y sembrando violencia para generar miedo en la sociedad argentina”.

Para la central obrera, la represión en las indemnizaciones del Congreso “fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra Patricia Bullrich y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias: jubiladas/os, agrupaciones barriales, trabajadoras/es de prensa y hasta Diputadas/os Nacionales en ejercicio”.

“Exigimos que cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional, a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino. El pueblo argentino tiene memoria. Ya ha transitado en el pasado varios procesos como el actual, cuando se intentaron implementar doctrinas similares destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías y de la soberanía de la Patria; y siempre han terminado en enormes fracasos que nos dejaron, además, herencias gravosas”, concluyó la CGT.