Dirigentes de Juntos por el Cambio acusaron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, de "derogar" una resolución de transparencia que obligaba a los miembros de las fuerzas federales a presentar declaraciones juradas patrimoniales. Esta situación generó la respuesta y desmentida por parte del funcionario oficialista.

"Qué intenciones tiene Aníbal Fernández? ¿Qué pasa por su cabeza? Durante mi gestión en el Ministerio de Seguridad logramos ser el organismo con más cantidad de Declaraciones Juradas Patrimoniales, dando claridad y confianza. DE UN PLUMAZO DEROGÓ UNA RESOLUCIÓN DE TRANSPARENCIA", arremetió en sus redes sociales la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Tweet de Patricia Bullrich

A esta acusación se sumó el diputado Gerardo Milman (JxC), quien sostuvo que "el camino del kirchnerismo siempre es eliminar lo que funciona bien y alejarse de la institucionalidad".

Rápidamente, el titular de la cartera de Seguridad aseveró que se tratan de afirmaciones "falaces" y que "nada se ha derogado". "Se subsanó un error garrafal que los burros que la asesoraban no habían previsto", dijo en relación a la resolución 666/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Tweet de Aníbal Fernández

"La transparencia de su gestión, la explica con claridad meridiana mi amiga Elisa Carrio y su ahijado el doctor D’Alessio. Compra de Lanchas que no sirven ni para rio ni par mar. Ahhh… podríamos agregar los drones que aún siguen en las cajas. Lindo curro", añadió de forma irónica y calificó a la dirigente de "reina de las compras".

La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) establece que quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada "el personal en actividad de las fuerzas armadas, de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o equivalente", entre otros.

La resolución 796/19 -firmada por la entonces ministra de Seguridad y ahora derogada- consignaba las equivalencias del grado militar para el caso de las Fuerzas Federales de Seguridad, "pero se omitió incluir aquellas equivalencias en la parte dispositiva".

"Que a fin de subsanar dicha omisión y propiciar la comunicación correspondiente a la Oficina Anticorrupción en cumplimiento de lo dispuesto mediante Resolución Nº 17/00 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es menester determinar, de acuerdo a las previsiones de la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública y respecto de cada una de las fuerzas federales de seguridad, los grados que resultan alcanzados por la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, y de ese modo, pueda dicha Oficina ejercer sus facultades de control", señala la nueva resolución firmada por Fernández.