Hijos de represores: la amistad con Villarruel, asignaciones en el Estado y ascensos militares

Débora Flores publicó en su perfil de X el 29 de diciembre pasado un video donde se ve el interior de un auto y por el parabrisas, un camino polvoriento que termina en un edificio blanco, bajo, impecable, rodeado de árboles. En off, la voz de una niña muy pequeña, que habla de sus ojos y del sol mientras -suponemos- mira pasar el paisaje por las ventanillas. Es una familia que va a visitar a un padre, a un abuelo, preso en un penal. 

Lo sabemos porque el reel está acompañado de un texto que dice: "Cómo todos los domingos. Visitando a mi papá ex Cabo Julio N. Flores en la UR 16 CERRILLOS - SALTA. Otro año más brindando en este lugar. Un condenado a 25 años sin derechos sin NADA. 10 AÑOS brindando en una cárcel. Triste verdad? Pero real!." 

Lo que se ve y lo que se lee se contradicen un poco: si su familia va a brindar con él un fin de año, parece que algún derecho aún se le respeta al excabo primero de la Fuerza Aérea Julio Narciso Flores, condenado a 25 años de prisión e inhablilitación absoluta y perpetua en las Causas Mansión Seré III y IV. Flores fue uno de los responsables de la Fuerza de Tareas 100 que asolaba la que llamaban "subzona 16" que abarcaba el oeste del conurbano bonaerense y dependía, al momento de los crímenes, de la Fuerza Aérea Argentina. Al excabo que puede brindar con su familia para fin de año se le demostraron treinta y un crímenes de lesa humanidad: allanamientos clandestinos, robos, secuestros y torturas de 31 personas que no tuvieron juicio justo, que ni llegaron a un penal para purgar sus penas porque antes los mataron y que su familia no solo no puede brindar con ellos, sino siquiera llevarles una flor a alguna tumba.

En 2022, el cabo Flores inició una huelga de hambre en reclamo por sus condiciones de arresto en Salta y en pos de forzar su prisión domiciliaria. Su salud se deterioró por estar 45 días sin comer y lo trasladaron al hospital, justo el mismo día en que recibió visitas desde Buenos Aires: los entonces diputados nacionales Alberto Assef (UNIR), Francisco Sánchez (Pro), Carlos Zapata (Ahora Salta), y Victoria Villarruel, que viajaron expresamente para denunciar violaciones a los DDHH. La comitiva llegó allí gracias a la amistad entre Débora y Victoria. 

En ese mismo posteo, Silvia Ibarzábal se conduele del calvario que pasa Flores, abraza en palabras a Débora y coincide con ella en que "la justicia apesta". Silvia es hija de del Coronel Jorge Igarzábal, asesinado por el ERP luego de estar diez meses secuestrado. La mujer es ahora flamante funcionaria de gobierno, más precisamente en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Ibarzábal celebró, esta semana, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y el despido de centenas de trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria y de la exESMA porque para Ibarzábal el terrorismo no fue, sobre todo, de Estado. Por eso también celebró la visita de los diputados de LLA a Astiz y sus amigos presos en los penales de Ezeiza y Campo de Mayo. Silvia es, por supuesto, amiga y compañera de militancia de Victoria Villarruel y aunque su caso es distinto, porque es una víctima del terrorismo, el límite difuso que no supo delimitar termina mezclándola con los intereses de los defensores del terrorismo de estado.

No es la única funcionaria traspasada por el terror de la historia reciente. María de las Mercedes Torres es una de las mejores amigas de la vicepresidenta y posiblemente por eso fue nombrada -por un breve lapso- responsable de Ceremonial y Protocolo del Senado. María es hermana de Mariola y las dos son tucumanas. Son hijas de Fernando Torres, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. En 1975, cuando se inició el Operativo Independencia –la antesala de lo que sería el exterminio a gran escala a lo largo y ancho del país–, Torres tenía 33 años y era el oficial de inteligencia del Destacamento 142. Según el tribunal que lo juzgó, Torres actuaba en la escuelita de Famaillá –el primer centro clandestino del país– y en el arsenal Miguel de Azcuénaga. Pese a las condenas, Torres está excarcelado. Quienes conocen su pasado dicen que es uno de los militares que más información tienen sobre el destino de los detenidos-desaparecidos de la provincia. 

Victoria Villarruel, cuyo padre también participó del "Operativo Independencia" junto a Torres, tuvo otro compañero de acción en el monte tucumano: Juan Carlos Jones Tamayo, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta y Jujuy. El coronel, que entró en la cárcel en 2022 y murió un año después, fue jefe de la Central de Inteligencia dependiente del Regimiento de Montaña 20 del Ejército Argentino, con sede en San Salvador de Jujuy, y fue señalado por sobrevivientes como uno de los represores con voz de mando en las sesiones de tortura y a la hora de decidir "traslados". Su perpetua, que se redujo a un año, fue por 15 homicidios agravados por alevosía y el concurso de dos o más personas, 14 allanamientos ilegales agravados, 39 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y 32 casos de tormentos agravados. Entre esos casos están los de la Noche del Apagón, en Ingenio Ledesma, caso por el que también fue enjuiciado Pedro Blaquier. 

Jones Tamayo, considerado por los múltiples testigos como un "ser absolutamente sanguinario", tuvo cuatro hijos con su esposa Lydia Zefferino: María Valeria, María Magdalena, Alejandro Javier y María Guadalupe. Esta última, gracias a la amistad con Victoria Villarruel, es desde diciembre de 2023 su secretaria personal en el Senado y una suerte de mano derecha de la vicepresidenta, al punto que se encarga de algunas cuestiones personales como el de alquilar la quinta de veraneo en la que descansa la funcionaria o acompañarla al Vaticano en la última visita al Papa Francisco. 

María Guadalupe Jones Tamayo es integrante del Centro de Estudios de Salta (CES) y una activa militante contra el proceso de verdad y justicia. En sus redes sociales, impugna el número de desaparecidos, cataloga lo sucedido como una guerra y dice que no es justicia sino venganza. A su padre -que estuvo largos años prófugo- lo califica como preso político, del mismo modo que la hija del cabo Flores, por caso. Al igual que Villarruel, siempre tuvo una militancia activa en pos de la libertad de los genocidas: en 2017 escribió una carta abierta a Elisa Carrió conminándola a actuar en favor de "los presos políticos" y a que agotara recursos en pos de la domiciliaria para mayores de setenta años. Posiblemente el apriete público a Lilita fue consecuencia de los encuentros que la dirigente había tenido en el Instituto Hannah Arendt con Victoria Villarruel. 

En 2018 y según consigna la periodista Luciana Bertoia en Página 12, Jones se reunió con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y llevó el reclamo por la libertad de los presos por lesa humanidad; la otra voz cantante de la reunión fue la de Cecilia Pando, contrafigura de Villarruel dentro de la "familia militar". 

VIllarruel es buena amiga de las hijas e hijos de los amigos de su padre: comparten historia, reclamos y ahora también, ejercicio en la función pública. Porque Villarruel no solo consiguió conchavo a Igarzábal, Torres y Jones; también nombró en funciones en el senado a otros hijos de represores. 

Marcelo Cinto Courtaux es licenciado en relaciones internacionales y es el hijo de su homónimo, condenado a prisión perpetua por la causa "Contraofensiva". Fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y, como muchos otros, pasó varios años prófugo hasta que fue capturado. Desde que cayó preso, en 2017, está en el Penal de Ezeiza -fue uno de los que se entrevistó con los diputados de La Libertad Avanza en la famosa visita- y reclama la prisión domiciliaria. Para ello pone como dirección la casa de su hijo, quien registra varias armas a su nombre y en ese mismo domicilio. Marcelo Cinto Courtaux (h) y mientras Victoria Villarruel era diputada, fue contratado como su asesor. Actualmente es director general de Relaciones Parlamentarias del Senado. 

El hermano de María Guadalupe Jones es Alejandro Javier Jones, quien estos días ocupó algún espacio en los medios. Alejandro es coronel y en los últimos dos años fue asistente del general Carlos Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército desde su investidura el 10 de enero de 2024. En la práctica, actuaba como su mano derecha debido a su puesto; en fuentes militares lo comparan con el papel del secretario general de la Presidencia. En noviembre, cuando la mayoría de los "cambios de destino" de las autoridades de las armas están disponibles, Jones esperaba su ascenso. No ocurrió. 

Presti, quien debería haber firmado el ascenso, descansa en que también es función del ministro de Defensa hacerlo y Petri, lo mismo que Patricia Bullrich, ocupó el espacio que desde la campaña Victoria Villarruel pretendía para su gente. La disputa entre Javier Milei y su vicepresidenta, inocultable y evidente, trepa un peldaño más con la decisión de congelar el ascenso de su amigo. 

Paralelamente, así como el ascenso de Alejandro Javier Jones, aunque legítimo y merecido, quedó frenado por una decisión que huele a orden politica surgida de Casa Rosada; en esta semana que pasó el gobierno envió al Senado un pedido de ascenso de militares que desde hace tiempo estaba frenado por ser estos parientes directos de genocidas. La decisión, firmada por Javier Milei y Luis Petri, reclama al Senado " el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina". De aprobarse la solicitud, los retenidos serán promovidos con carácter retroactivo al "reunir las condiciones exigidas por la ley".

En el 2010 la titular de Defensa, Nilda Garré, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango a través de la Resolución 1581, con la razón de que todos ellos "tenían algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad", se trataba principalmente de hijos y sobrinos de represores. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Oscar Aguad hizo algunas gestiones para dejar sin efecto la medida tomada por Garré, pero finalmente no logró nada. Ahora, es Luis Petri quien tomó la iniciativa, como una forma de marcarle la cancha a Victoria Villarruel en un tema que es fundante en la vida de la vicepresidenta.