El mediático abogado Carlos Maslatón declaró por más de seis horas como testigo en la causa Generación Zoe, cuyo principal acusado es Leonardo Cositorto, ante la fiscal de Villa María, Juliana Companys. 

“Fui citado para explicar en forma teórica, tanto financiera como jurídica, en qué consiste un fraude financiero conocido como esquema Ponzi, a raíz de los sucesos generados en esta ciudad por la firma Zoe y Cositorto”, dijo Maslatón a El Diario de Villa María.

En ese marco, Maslatón agregó que su declaración se basó en explicar que “hay cuatro puntos, de los cuales tres son esenciales. Primero, una persona se para frente al público y dice ‘denme plata, yo voy a constituir un fondo y voy a generar una rentabilidad’. Primer elemento, es que esa captación de fondos es ilegal, porque para hacerlo tiene que ser una entidad financiera regulada, un banco o un fondo registrado. Es fundamental el registro del fondo, porque hay una entidad que certifica que ese fondo exista y no sea un invento. Se los advierto para los casos futuros que pueden existir aquí o en cualquier lado”. 

"La promesa de un resultado es falsa, porque la rentabilidad no se puede garantizar, dado que no hay forma técnica de hacerlo”, agregó el panelista. “Un banco te puede decir cuánto es el interés que paga, pero en materia de inversiones, no se puede prometer ganancias”, añadió. 

Sobre la acusación que hizo contra Cositorto y el holding Zoe, Maslatón aseguró que "la señal que se tira en el mercado es que un tipo que vive acá a la vuelta invirtió y se llevó toda la ganancia, para que se corra la voz de que es en serio. Es parte del engaño en general”. 

“El organizador del esquema Ponzi es una persona que se jacta de ganar dinero y hacerlos ricos a todos”, puntualizó.

Los movimientos de la causa

En los últimos 12 meses se iniciaron varias causas en todo el país, tal como sucedió en la justicia de Corrientes. Damnificados de la ciudad de Goya denunciaron haber invertido dinero -pesos y dólares- bajo la promesa de conseguir ganancias que nunca obtuvieron y ni siquiera recuperaron el capital aportado.

Este expediente entró en un “laberinto judicial” por un conflicto de competencia, justo cuando Cositorto estaba a un paso del banquillo de los acusados, y ahora esta causa podría finalmente destrabarse.

Todo comenzó cuando el juez Carlos Balestra declaró la incompetencia del Juzgado de Garantías de Goya a petición del fiscal y ordenó remitir la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, a cargo de Ariel Lijo. Esta decisión se dio tras la ampliación de las imputaciones, concretamente, por el supuesto delito de lavado de activos agravado de competencia federal.  

Para Balestra, los cuatro imputados -entre los que se encuentra Cositorto- conformarían una asociación ilícita que actuaría en distintos puntos del país mediante la constitución de sociedades destinadas a cometer estafas, y que aquélla se desarrollaría en el marco de un “accionar delictivo complejo en el que se integraría el supuesto delito de lavado de activos”.

Sin embargo, el juez federal Lijo rechazó la competencia para intervenir en la causa y remitió nuevamente las actuaciones al juzgado correntino. Ambas investigaciones se encuentran en estadios completamente diferentes y esta estrategia judicial beneficia a Cositorto.

Pero los damnificados ven una luz de esperanza: el procurador interino, Eduardo Casal, opinó a favor de que la justicia correntina continúe con la investigación, “sin perjuicio de lo que pudiera resultar del trámite posterior, incluso en orden a la determinación de algún delito federal concreto”.

El dictamen no es vinculante y partir de ahora, los jueces de la Corte tendrán que resolver el tema. El máximo tribunal no tiene plazos, pero los ahorristas aún confían en recuperar todo -o al menos una parte- del dinero invertido.