Fondos fiduciarios: la clave económica detrás del fracaso de la Ley Ómnibus y a la que se aferran los gobernadores

El gobierno de Javier Milei sufrió hace días su primera derrota legislativa, en el marco del tratamiento en la Cámara de Diputados de la llamada Ley Ómnibus. El ambicioso proyecto comenzó con 664 artículos y luego bajó a menos de 400, y pese a aprobarse en la votación general, en la discusión particular no tenía el suficiente respaldo opositor.

El revés generó una fuerte controversia del Presidente con los gobernadores, a los que tildó de “traidores”. Su enojo fue tal que hasta le pidió la renuncia a los funcionarios que habían llegado al gabinete producto de acuerdos con los mandatarios.

El caso es que en los que subyace es una puja económica: la Ley Ómnibus se trabó por las facultades para transformar, modificar, unificar o eliminar los 29 fideicomisos o fondos fiduciarios públicos destinados a obras y proyectos, e inclusive los destinados a subsidios.

Además de la merma anunciada para la obra pública, algunos de estos fondos garantizan el funcionamiento y la estabilidad de políticas públicas para los sectores más desprotegidos, como el subsidio al gas. Los gobernadores sostienen que su eliminación afectará a quienes habitan en zonas frías. También faltarán recursos para la urbanización de barrios populares.

El caso es que los fondos que los mandatarios se negaron a darle absoluto control al Presidente representan una partida anual que oscila entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares. Se trata de una gran caja política que Milei podría haber utilizado a discreción para atender emergencias económicas en distintos puntos del país. Esto le hubiese dado poder de fuego -y de coerción- por sobre las provincias e intendencias.

Según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso, hay 29 fondos fiduciarios con un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, que representan 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Si bien hay cierto consenso en que debe transparentarse la administración de esos fondos, no están dispuestos a que se eliminen en su totalidad. Un claro ejemplo de ellos tiene que ver con lo que ocurrió con la tarifa del transporte, que se disparó en todo el país luego de la eliminación del Fondo Compensador. Los mandatarios advirtieron que “es dejar sin transporte a las provincias”.

En los próximos días y semanas, el presidente y los gobernadores deberán encauzar una relación quebrada en beneficio mutuo. Los mandatarios necesitan asegurarse los recursos vitales para el normal funcionamiento de las provincias, mientras que Milei debe sumar voluntades que le aporten gobernabilidad y herramientas para su gestión.

¿Cuáles son y cuánto dinero mueven los fondos?

Según informa La Nación, los principales fondos son los siguientes:

• Del sistema de infraestructura de transporte (FFSIT): transfirió $417.398 millones, con el Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación y el BNA como ente fiduciario. Creado en 2001, busca promover el desarrollo de la infraestructura vial nacional.
• Para la vivienda social (Fogaviso): transfirió $165.482 millones, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Creado en 2016, apunta a financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica.
• Para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (ley 26.020): transfirió $98.260 millones, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, con el BICE como fiduciario. Creado en 2005, busca garantizar el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a precios diferenciales a usuarios de bajos recursos.
• Procrear: transfirió $82.715 millones, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el Banco Hipotecario como fiduciario. Creado en 2012, su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social.
• De Desarrollo Productivo (Fondep): transfirió $58.489 millones bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Se creó en 2016 para financiar proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, y actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales.
• De Integración Socio Urbana (FISU): transfirió $58.010 millones, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Comenzó a funcionar en 2021, para preservar la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y otros que sean considerados necesarios o convenientes para promover la integración socio urbana, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, las provincias o municipios que sean cedidos para ese fin.
• De Consumo Residencial de Gas (ley 25.565): transfirió $52.334 millones, bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con el BNA como fiduciario. Creado en 2001, apunta a compensar las tarifas de gas en la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, y financiar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en esas regiones y departamentos.
• De Infraestructura Hídrica: transfirió $49.906 millones, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el BNA como fiduciario. Se creó en 2001 para desarrollar proyectos de infraestructura de obras hídricas que permitan recuperar tierras productivas, mitigar inundaciones en zonas rurales y el avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, además de compensar las disminuciones tarifarias que afronten los concesionarios que realicen el dragado y mantenimiento de vías navegables.
• Del Servicio Universal: transfirió $14.406 millones, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el BICE como fiduciario. Se creó en 2014 para financiar la prestación universal de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando su acceso con independencia de su ubicación geográfica.

A esos fondos se suman otros quince que transfirieron más de $28.811 millones: para la Protección Ambiental de los Bosques ($8500 millones), para el Transporte Eléctrico Federal ($6687 millones), Red de Autopistas y Rutas Seguras ($2884 millones), de Manejo del Fuego ($2803 millones), de Infraestructura Regional ($2237 millones), de Seguridad Aeroportuaria ($1039 millones), de Agroindustria ($1000 millones), y de Promoción Científica y Técnica ($885 millones). También los fondos para la Promoción de la Economía del Conocimiento ($802 millones), la Generación Distribuida de Energía ($665 millones), el Desarrollo de Capital Emprendedor ($601 millones), la Recuperación de la Actividad Ovina ($320 millones), el Desarrollo Provincial ($209 millones), de Garantías Argentino ($151 millones) y de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata ($12 millones).