Las apuestas estaban desde que estalló el escándalo: ¿una causa sobre espionaje ilegal fuera del ámbito de Comodoro Py? En Retiro ya seguían con atención lo que pasaba en Dolores, dentro del expediente del juez Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, la existencia de un grupo de espías que desde las mismísimas entrañas de la AFI llevaban adelante seguimientos a figuras de la política era (y es) mucho más tentador que la historia del falso abogado Marcelo D’Alessio.

La causa se inició con un rush que le imprimió el juez Federico Villena, apartado luego por la Cámara Federal de La Plata. De allí se pasó a la gestión de Juan Pablo Auge: otro perfil, más moderado, sin una especialidad concreta en derecho penal, lo que llevó a que la investigación fuera dirigida por la fiscal Cecilia Incardona, que contó con la colaboración de su colega Santiago Eyherabide.

Quienes dudaban al comienzo de cómo llevarían adelante un expediente tremendamente político vieron despejadas sus dudas bastante rápido. La fiscalía avanzó primero por el tramo del expediente que mejor conocían (el espionaje al Instituto Patria) y luego fueron con seguridad sobre el grupo de espías de la AFI de Gustavo Arribas y después por el tramo penitenciario, que abrió la puerta a que se cristalice la connivencia que existía entre la Agencia Federal de Inteligencia y el SPF durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Una organización ilícita con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado, su pertenencia o vínculos con organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, su carácter de periodistas, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas”. Eso investigaron Incardona y Eyherabide. Por eso pidieron procesamientos de casi todos los que imputaron.

Dario Nieto se había librado de esa situación. La Fiscalía había pedido que se le otorgara una falta de mérito en su caso, para seguir investigándolo. Nieto, secretario de Macri, fue uno de los que primero activó el operativo “llevemos todo a Py”. Por supuesto que Arribas y Silvia Majdalani reclamaron también desde el comienzo que todo llegue a Retiro, un lugar donde creen tendrán más suerte en la tramitación de una causa que hasta ahora les fue bastante esquiva.

Casación, a través de los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, efectivizó esa solicitud. "Consideramos necesario remarcar que lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existente o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora", explicaron. Casi como atajándose de cualquier crítica que pudieran hacerles o de las consecuencias que pudiera traer este cambio de jurisdicción.

Quién tendrá ahora la causa (si no intervienen las fuerzas naturales que suelen obrar en Py de formas misteriosas) será María Eugenia Capuchetti, una jueza a la que el kirchnerismo mira de reojo. Nombrada durante el gobierno de Macri, la magistrada ya había rechazado intervenir en el expediente y le había dado la razón al juez Auge. Lejos estuvo de querer la causa en su momento: sus fallos, mal que le pese a sus detractores, suelen estar muy bien fundamentados.

Sin embargo, la sorpresa es el fiscal: Carlos Stornelli estaba de turno el año pasado con Capuchetti, por lo que si la causa va definitivamente a ella, el representante de la Fiscalía será él. Procesado en la causa de Dolores y enfrentado con el kirchnerismo, la posibilidad de que se presenten múltiples pedidos de apartamiento es altísima.

Si algo le faltaba a todo este combo es la jugada de Cristina Fernández de Kirchner de reclamar la intervención de la Corte es un win-win para la actual vicepresidenta. Implicada como una de las principales víctimas del espionaje y querellante en el expediente, jugó a través de su abogado una carta para frenar que todo vaya a Py, un lugar al que le tiene profunda desconfianza.

La ex presidenta sabe que si Casación le niega la posibilidad de ir con su recurso a la Corte, podrá utilizar ese rechazo como fortaleza política. Le quedará también una última posibilidad legal: un recurso de queja. El Máximo Tribunal no suele intervenir en este tipo de cuestiones pero las circunstancias y la magnitud del expediente hacen de todo esto una situación muy particular.

Si la Corte congela o demora una respuesta o simplemente rechaza la solicitud, Cristina podrá argumentar contra los jueces: los considerará aliados de los camaristas. Si le dan la razón, logrará que la causa siga en Lomas de Zamora. Victoria judicial o “victoria” política, he ahí la cuestión.