Tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas involucradas en el espionaje a jueces, entre los que se encuentran los miembros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En concreto, ya se encuentran tres personas detenidas y una cuarta, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, se encuentra en viaje desde Misiones, y se entregará en las próximas horas, según confirmó su abogado.

En una declaración por otra causa, Pinheiro admitió que participó del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Otro de los detenidos es el ex policía Ariel Zanchetta, quién, haciéndose pasar por periodista, realizó 2157 pedidos de informes personales de jueces, políticos de distintos partidos políticos, ministros y jueces de la Corte. Nelly Soledad Valdes y Santiago Machado, ambos oriundos de Posadas, completan la lista de sospechosos detenidos.

El origen de la causa

Todo comenzó cuando el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, denunció que se sacaron con su nombre y sin su consentimiento líneas de teléfono y realizó la correspondiente denuncia, tras hacer un reclamo a la compañía de telefonía celular.

Las líneas habrían sido habilitadas en enero y Rosatti se enteró cuando llegaron a su casa de Santa Fe las facturas para el pago por los servicios de telefonía celular que no había contratado. 

En ese marco, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi requirió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que elabore un amplio informe para determinar la actividad que pudieran haber tenido esas cinco líneas telefónicas. Cabe aclarar que para sacar una línea a nombre de una persona se necesitan una serie de datos personales, que habrían sido conseguidos con relativa facilidad.

Al avanzar en la investigación, el magistrado descubrió que bajo la misma maniobra se requirieron líneas a nombre de Carlos Rosenkratz, por lo que deberá declarar en calidad de testigo, y de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata. Lo que era un comentario entre magistrados ahora avanza sobre la hipótesis de un complejo entramado de inteligencia contra miembros del Poder Judicial. 

“Se identifican 39 abonados, además de los cinco a nombre de Horacio Daniel Rosatti que impactaron en esos IMEI. Los 39 abonados tienen titularidad a nombre de 28 personas distintas. De las 28 personas identificadas, 2 pertenecen a funcionarios judiciales: María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz”, se lee en el informe. Es decir, la maniobra contra Rosatti y Rosenkrantz no es algo aislado.

Acá es donde la trama se pone espesa: Martínez de Giorgi tiene causas por intromisiones e intentos de hackeo a los celulares de otros integrantes de Comodoro Py: se trata del juez de Casación Federal Mariano Borinsky y los magistrados de tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En sus casos, la maniobra es una operación que se repite en denuncias de los últimos tiempos: los usuarios se quedan sin señal de repente y cuando logran contactarse con la compañía telefónica, se enteran que alguien pidió un cambio de chip porque se hizo pasar por dueño de esa línea. 

Hay que resaltar que una maniobra así sufrieron, de acuerdo a lo que dijeron y denunciaron, el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el precandidato Diego Santilli. La investigación penal en su caso (el escándalo por las conversaciones que llevó a su renuncia) lo lleva una fiscal porteña. Allí se identificó a un hacker de 22 años que aseguró que le pagaron unos 15 mil pesos por “objetivo”. Esos objetivos fueron no solo el exfuncionario sino otros magistrados.  

A este clima enrarecido se suma un episodio que Data Clave reveló el año pasado: el ingreso a una oficina clave de Consejo de la Magistratura y la apertura de sobres reservados con datos privados de jueces federales. 

Muchos señalan, sin elementos aún, a una maniobra de ciertos sectores kirchneristas debido a que los “objetivos” fueron jueces que no les resultan particularmente simpáticos. Otros apuntan a una interna entre sectores de servicios de inteligencia: la mano de obra desocupada es siempre un factor a tener en cuenta cuando se investigan este tipo de cuestiones. 

Lo cierto es que en todas las causas se está avanzando para dilucidar quién financió y ordenó que se llevaran adelante estas maniobras y si todas responden a un mismo objetivo.