La historia de los escándalos de corrupción en la política argentina siempre tiene un capítulo más. Como si hubiera un manual de cómo enriquecerse en el poder de forma fraudulenta y sin escrúpulos. La ex ministra de Desarrollo Social de Chubut está acusada de quedarse con la mitad del sueldo de colaboradores vía transferencias bancarias a cuentas que estaban a su nombre y en otra cuya titularidad era de la niñera. El dinero provenía de “aportes” del personal contratado por Cecilia Torres Otárola, hombres y mujeres que en ciertos casos jamás trabajaron en la provincia.

Las maniobras ilícitas son investigadas por el jefe de la Unidad Anticorrupción Omar Rodríguez, quien confirmó que ya detectaron retornos por $1.500.000 en cuentas bancarias a través de triangulaciones pero también por transferencias directas, en una manifestación contundente de impunidad. Las autoridades de la investigación tienen la hipótesis firme de que la ex funcionaria había nombrado a su niñera como subsecretaria y que el dinero también era transferido a su cuenta. La Justicia sospecha que esa empleada jamás ejerció actividades correspondientes a su cargo y que se dedicaba únicamente a tareas domésticas.

Un ex asesor con quien Otárola tuvo una relación amorosa la denunció ante la Justicia y a partir de su testimonio se inició la investigación. Las pruebas calaron hondo en la gobernación de Mariano Arcioni, quien tomó la decisión de despedirla el 1° de julio. Por si faltaba algo, se descubrió que un jardinero residente en Buenos Aires estaba registrado como director del ministerio de Desarrollo Social y cobraba $340 mil. Y no habría sido el único colaborador que jamás pisó territorio provincial. De alto perfil y polémicas públicas, Torres Otárola está acusada por fraude al Estado.

La causa fue denominada “Ñoquis calientes” ya que además de investigarse 24 contrataciones irregulares la denuncia provino del más cercano a Otárola, Martín Sandoval, con quien la entonces diputada provincial mantenía un vínculo amoroso. El denunciante confesó haber destinado la mitad de su sueldo a los retornos, “para gastos de la política”. La Justicia puso el foco en los movimientos bancarios y cuenta con documentos suficientes para avanzar en la investigación. Otálora no puso objeciones a los allanamientos y hasta el momento no negó las acusaciones. También investigan el rol de otros siete funcionarios del gobierno de Chubut.

Las personas más cercanas a Otárola fueron allanadas en los últimos días. Peritarán teléfonos celulares y computadoras para extraer más información según dijeron las fuentes judiciales. Además, recabarán información de bancos y otros organismos para evaluar las dimensiones de la trama fraudulenta, aunque se sospecha que por la brevedad en el cargo los montos no excederían las sumas que ya fueron probadas.