Un grupo de diputados nacionales encabezados por el radical Luis Petri (Mendoza), presentaron un proyecto de ley que se viene impulsando desde 2014 en la Cámara baja con el objetivo de crear un sistema especial de protección para testigos y denunciantes de casos de corrupción para que el mismo quede en el ámbito de la Corte y fuera del Poder ejecutivo. 

En ese sentido, el legislador mendocino aseguró: "La falta de un sistema de protección de testigos y denunciantes por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian a funcionarios públicos, por otro y como consecuencia del anterior, se desalientan testimonios incriminadores de actos de corrupción, generando un círculo de impunidad que es necesario romper". 

El proyecto que lleva las firmas de Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña y Waldo Wolff, entre otros, afirma que en el contexto actual "quienes con valentía se animan a denunciar hechos de corrupción, terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados por sus denunciados, colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia". 

La tensión recrudeció con el crimen del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner y se sumó al malestar opositor generado cuando el gobierno nacional derogó la Agencia Nacional de Protección de Testigos que Mauricio Macri instaló 11 días antes de dejar el poder en 2019. Un ente que pretendía ser autárquico creado por DNU a poco tiempo del traspaso de mando. Alberto Fernández entendió que no existía "necesidad y urgencia" para saltearse el normal tratamiento vía Congreso y volvió atrás la medida dejando nuevamente la protección de testigos a cargo del ministerio de Justicia.

Petri consideró esto como "un rotundo retroceso" particularmente en las causas donde se investigan delitos de corrupción. "El decreto 168/20 disuelve la Agencia e incrementa la desprotección hacia los colaboradores con la Justicia porque la protección de testigos y arrepentidos vuelve a quedar en manos del poder denunciado", concluyó el radical. 

A contramano del oficialismo

La desconfianza que tiene sobre la Corte un amplio sector del cristinismo es un impedimento central para que una medida como la de Petri tenga consenso en el Congreso, aún considerando que tampoco pudo ser sancionada bajo gobierno de Cambiemos. 

Hace pocos dias, en el Senado fueron rechazados una serie de DNU's del gobierno de Macri entre los que se incluía el que traspasó al supremo tribunal de justica el manejo y la vigilia de las escuchas autorizadas en investigaciones judiciales. El oficialista Oscar Parrilli (Neuquen) ejerció una fuerte crítica durante el tratamiento del decreto, que según ellos, permitió que se filtraran conversaciones privadas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, Majdalani, la ministra de Seguridad, la famosa ‘mesa  judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, dijo Parrilli durante la sesión del 3 de junio que rechazó el DNU ante el enojo opositor.

A tono con esto, y buscando limar el poder de la Corte sobre las escuchas, CFK consiguió sumar a Sergio Massa en una resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso para darle a la La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia la misión de hacer seguimiento de las escuchas ordenadas por el Poder Judicial para la investigación de presuntos delitos complejos.

La decisión fue tomada a través de una Resolución Conjunta firmada por las autoridades del del Poder Legislativo a fin de cumplir con un convenio firmado entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 2016.

Según ese documento, el Poder Legislativo ejercerá el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, dentro de la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras el oficialismo mira con desconfianza a la Justicia por el manejo de las escuchas, la oposición pretende que ocupe controles a cargo del ejecutivo, un punto de acuerdo que aparece improbable.