El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que los chicos de 13 años, pueden ser considerados como “adultos y tienen conciencia” al defender el proyecto del Ejecutivo que impulsa la baja de la edad de imputabilidad como parte de una iniciativa que contempla la creación de un nuevo régimen penal para adolescentes y que será presentada en el Congreso.     

En tanto, desde la Red Federal de los Derechos Humanos, que nuclea a organismos del todo el país, cuestionaron el proyecto oficialista al asegurar que la tasa de participación de menores en hechos delictivos no justifica la implementación de este sistema penal.  

El debate

“El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones. En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención”, señaló Cúneo Libarona en declaraciones formuladas anoche al canal TN.

Libarona agregó que si un chico de 13 años "tiene conciencia de que tomar un arma y matar es homicidio, ¿cómo no va a comprender la criminalidad del acto?”

“¿Qué le decimos al padre al que le mató un hijo un chico de 13 años? Que son Inimputables, que quedan en libertad. No hay límites. La cantidad de delitos cometidos por chicos de 13 años nos sorprendería. Hubo un incremento del 20% de un año a otro, con lo cual no cabe duda de que el chico de 13 años de 2024 no es el mismo de antes”, insistió.

El ministro defendió así el proyecto que crea un sistema penal para los adolescentes que tengan entre 13 y 18 años. En la actualidad, los menores son punibles a partir de los 16.

Sin embargo, desde la Red Federal de Derechos Humanos relativizaron estas cifras, al señalar que, según datos de la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se registraron 1.627 casos con participación de menores de 18 años, y de ese de ese total, 771 fueron cometidos por menores de 16”.

De esos 1.627 casos de menores, el 83% fueron por delitos contra la propiedad (robos, hurtos) sin afectar la integridad física de las personas. Sólo el 1,6% de ese total, fueron delitos contra las personas (lesiones, homicidios). Pero si acercamos más la lupa, de ese escueto 1,6%, el 41% fueron lesiones leves. Es decir, chicos o chicas que se pelearon o agredieron a alguien, sin provocar mayores consecuencias dañosas”, consignó la organización a través de un comunicado.

En definitiva, sólo el 0,68% de los delitos que involucraron a menores de 18 años en la CABA en el 2023 fueron por homicidio. Y sólo dos casos concretos fueron cometidos por menores de 16 años, a quienes se busca incluir penalmente con el proyecto de ley.

La Red Federal de derechos humanos insistió en que “el proyecto del Gobierno busca que sean punibles los pibes desde los 13 años y no distingue para qué tipos de delitos, por lo que va a regir para todos, no sólo los graves”.

"La iniciativa habilita la privación de la libertad, tanto con condenas como con prisión preventiva. Autoriza penas máximas de 20 años de prisión, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya condenó a Argentina por ese tipo de penas a menores”, se puntualizó desde esta entidad.

Los detalles de la iniciativa

La iniciativa oficial que fue presentada el viernes pasado por Cúneo Libarona y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich establece en sus principales puntos “derechos y garantías reconocidas en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales; y comunicación a los padres de la imputación y demás actos procesales”.

En cuanto a la privación de la libertad, se establece que se cumplirá “en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.

Además, el proyecto posibilita que los jueces y el Ministerio Público Fiscal “velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”.  

Si se impone una condena condicional, “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Se fijan penas de entre tres a seis años para los menores, “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.

El máximo de las penas será de 20 años, y al cumplirse los dos tercios de la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.

Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa. La autoridad judicial designará además “un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud”.

En los casos de menores no imputables (ejemplo, menos de 13 años), el juez “de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”.

En estos casos, “el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.

Los fiscales podrán “prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviere prevista una pena inferior a seis años y no concurrieren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas y existencia de otros procesos”.

También se propone que “cuando el delito tuviere una pena prevista inferior a seis años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes”.