El Gobierno avanza con un fuerte plan de ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Una de las medidas más polémicas es la decisión de vender el edificio ubicado en la esquina de Cerviño y Ortiz de Ocampo, en el barrio de Palermo, uno de los puntos más cotizados de la Ciudad de Buenos Aires. Este inmueble, que hasta ahora alberga áreas clave del organismo, como el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva (CIEP), será subastado el 23 de diciembre con un precio base de 6.378.968 dólares.

La medida quedó formalizada mediante dos resoluciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicadas el último viernes. La Resolución 65/2024 declaró el edificio "innecesario" para el INTA, mientras que la Resolución 70/2024 autorizó su subasta pública. Sin embargo, gremios como APINTA y ATE, que representan a los trabajadores del INTA, cuestionaron el proceso y advirtieron sobre irregularidades.

"El inmueble no está subutilizado ni en desuso. Aquí funcionan áreas estratégicas del INTA y organismos que generan recursos para el Estado. Esto es un daño patrimonial irreparable", señaló Mario Romero, titular de APINTA.

El ajuste no se limita a la venta de la sede porteña. Un documento interno del organismo detalla un plan de acción comercial que contempla la venta o concesión de 27.000 hectáreas pertenecientes a estaciones experimentales en todo el país. Además, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, buscará el aval del Consejo Directivo para implementar un plan de recorte que incluye la reducción de 1.734 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Desde los gremios advierten que la medida no solo afecta a los empleados, sino también a las investigaciones y desarrollos científicos. "Estos campos no están vacíos; hay proyectos de largo plazo en marcha", señaló Julieta Boedo, delegada de ATE.

Los gremios anunciaron una movilización frente a la sede central del INTA este jueves 28 y no descartan iniciar acciones legales. En una carta documento enviada a la AABE, APINTA denunció que el edificio pertenece al INTA en dominio pleno y no puede ser enajenado sin el aval del Consejo Directivo.

"No solo no respetaron los procedimientos legales, sino que están vulnerando el funcionamiento del organismo", agregó Romero.

Mientras tanto, las decisiones tomadas por Bronzovich y la vicepresidenta del organismo, Beatriz Giraudo, aumentaron las tensiones internas. Ambos fueron cuestionados por avanzar con el ajuste sin consulta previa al Consejo Directivo, que incluye representantes del sector público y privado.

El ajuste en el INTA forma parte de un plan general de reducción del Estado promovido por el Gobierno, que busca disminuir gastos y maximizar la utilización de inmuebles públicos. Desde la AABE aseguran que el inmueble está desafectado y fue "coordinado" con el organismo. Sin embargo, las reacciones gremiales y la movilización del sector agropecuario anticipan un escenario de conflicto.