El Gobierno no sabe cómo actuar contra los discursos de odio

"No creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial. No creo que reconstruir eso que tanto trabajo nos costó lograr a partir del 1983 no requiere de ninguna ley. Con las vigentes alcanza y sobra. Lo que hay que poner es institucionalidad". Esa frase la dijo Cristina Kirchner en su primera reaparición pública luego de que intentaran asesinarla en Recoleta.

Mientras Cristina elegía mantenerse en el silencio -algo que siempre sudo administrar de acuerdo a los tiempos políticos-, la coalición oficialista intentaba hacer el trabajo por ella y empezaba a cranear ideas para dar respuestas institucionales a hechos concretos de violencia política que no pudieron pasar a la clandestinidad por la vigilancia -en estos tiempos necesaria- de los aparatos tecnológicos.

En los días previos, el presidente Alberto Fernández y todo el frente oficialista habló de discursos de odio y de una dialéctica violenta que está intoxicando a los medios de comunicación. Empezó con el acto del feriado del 2 de septiembre y siguió en el Congreso con los proyectos de resolución para solidarizarse con la vicepresidenta, firmados por todas las representaciones políticas, pero no bancados con el cuerpo por Juntos por el Cambio, que en Diputados se fue del recinto y en el Senado ni siquiera bajó a votarlo.

En los días previos, el jefe de Estado recibió en la Casa Rosada al senador José Mayans, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta y, según ella, un verdadero hombre de fe que le reza a Dios sin mirar el espejo retrovisor. Tras esa reunión, el formoseño ya empezaba a instalar la idea de que el Gobierno analizaba la posibilidad de trabajar en un proyecto para regular, anular o condenar los discursos de odio. "(Alberto Fernández) Va a consultar con distintos juristas, profesionales del derecho y demás. Me dijo que iba a consultar porque hay que hacer un acuerdo sobre el tipo de sociedad que queremos construir y que no sea violenta", había anticipado en una entrevista radial.

En paralelo, también habló Eduardo Valdés para decir que él y sus colaboradores estaban trabajando en la redacción de un proyecto de ley para que se "capacite contra el odio", intentando imitar la Ley Micaela, que obliga a los representantes del Estado a tener un curso sobre capacitación de Género. A pesar de estas acciones, fue la propia portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la que intentó calmar las aguas en la prensa y dijo que no estaban trabajando en ningún proyecto para "controlar" discursos de odio.

El no-avance sobre un proyecto para regular mensajes violentos en las redes parecía haber quedado saldado cuando la propia vicepresidenta, quizás la dirigente política más atacada y violentada por estos discursos, había advertido que Argentina tenía suficientes leyes y que no era necesario sancionar una nueva, sino aplicar institucionalidad.

En cada aparición pública, Cristina Kirchner sostiene que la solución no debe ser ni mediática ni judicial, sino política. Y así lo hacen saber también sus feligreses. Son los propios Andrés 'Cuervo' Larroque y el senador Oscar Parrilli los que todavía fantasean con un encuentro entre la vicepresidenta y Mauricio Macri, en un intento de querer desterrar el "abrazo histórico" que tuvieron Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín en 1972.

Mientras comenzaba la etapa de los alegatos por la Causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner aparece como imputada y acusada de ser jefa de una "asociación ilícita" por la concesión de fondos para obras viales de Santa Cruz entre 2003 y 2015, Alberto se encontraba de gira por los Estados Unidos para encabezar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El presidente de la Nación llevó en su portafolio diplomático planteos vinculados a los discursos de odio, la violencia y la radicalización extrema que, además de Argentina, también se viene impregnando en el mundo con los neonazismos, la invasión de Rusia a Ucrania y los crímenes violentos contra las mujeres que se vienen dando en países de Medio Oriente.

El primer mandatario, ante la ONU, expresó: "Quienes buscan debilitar y erosionar las democracias, tienen intereses específicos que los lleva a promover la polarización extrema. No aceptemos resignados esa situación. Generemos un enérgico rechazo global a quienes promueven la división en nuestras comunidades".

Al regresar, el primer mandatario brindó una conferencia de prensa a medios argentinos y volvió a encender el debate por los discursos de odio: "Hay que regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio".

Alberto Fernández no habló de proyectos ni de decretos, pero lo cierto es que el Gobierno quiere ponerle un freno a la violencia política de los Pájaros que cantan sobre las selvas de Internet, parafraseando al Indio Solari y el título de su primera canción que sale en el álbum "Pajaritos, Bravos Muchachitos". El problema es no saber cómo. Cuando el Presidente deslizó esta posibilidad el pasado miércoles, la oposición automáticamente lo trató de "dictador" y de querer aplicar una "Ley Mordaza", conocida también como la "Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana" que entró en vigor en España en 2015 y que levantó una fuerte polémica por la redacción inicial que proponía el Gobierno que presuntamente "limitaba" la libertad de expresión.

La experiencia más "sana" en cuanto a la regulación de mensajes violentos y fascistas en las redes sociales se dio en Alemania. En 2017, por ese entonces con la conservadora Ángela Merkel al mando, el Gobierno sancionó la "Ley contra el odio en Internet", una iniciativa que obliga a las plataformas digitales como Facebook, Twitter y YouTube, entre otras, a eliminar mensajes con “contenido delictivos” en un plazo de 24 horas y, de no hacerlo, se verían obligadas a enfrentar multas superiores a los 50 millones de euros.

Aún con polémicas, Alemania logró sancionar esta ley con un fuerte consenso político que hoy pareciera estar lejano en la Argentina de la antinomia. Mientras en el país europeo se hicieron grandes esfuerzos por combatir el neonazismo y las ideologías de extrema derecha, en Juntos por el Cambio empiezan a aparecer una serie de dirigentes -entre ellos el propio Macri- que, sueltos de cuerpo, aseguran que "La banda de los copitos", como popularmente se conoce a los acusados de querer haber asesinado a la vicepresidenta, no son más que "un grupo de loquitos".

El Gobierno quiere poner un freno, pero no sabe ni por dónde empezar. El primer intento fue contra el diputado José Luis Espert, muy famoso en sus redes por su beligerancia contra los sindicalistas y movimientos sociales. El economista liberal pidió "cárcel o bala" para los integrantes del gremio de Neumáticos, que actualmente tiene una pelea feroz con las industrias de su rubro por paritarias. Espert también había pedido "bala" para los delincuentes y hasta dijo que Argentina necesitaba hacer "queso gruyere a varios" para que "los delincuentes empiecen a tener miedo".

Como respuesta, el Frente de Todos hizo un pedido de remoción contra Espert en los términos del Artículo 66 de la Constitución nacional, que habla de remover a un representante del pueblo por "inhabilidad moral". "Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales", dice el proyecto de resolución que firmó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez y que acompañaron todos sus compañeros de bancada.

Gabriela Cerruti, una de las primeras en asegurar que no existe ningún proyecto para regular discursos de odio, dijo en su cuenta de Twitter: "Pedir bala contra una o varias personas es incitación a la violencia y atenta contra el orden democrático y la resolución pacífica y judicial de los conflictos. No hacen faltan leyes nuevas contra el odio: esto se puede resolver con nuestro Código Penal. Y tenemos que hacerlo". ¿Será este el camino que eligió el Gobierno?