El gobierno nacional oficializó hoy la declaración de la actividad aérea como un "servicio esencial", una medida que ya había sido anunciada la semana pasada y que fue formalizada a través de los decretos 825 y 831, publicados en el Boletín Oficial. Esta acción se dio en medio de un conflicto abierto entre los gremios aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, que había resultado en un paro de 24 horas el mismo día del anuncio.

La decisión del gobierno se fundamenta en recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según las cuales es legítimo establecer un servicio mínimo en sectores críticos. Estos sectores, que incluyen al aerocomercial, son considerados de alta importancia por su potencial de causar graves daños económicos y sociales si se interrumpen de manera prolongada.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo, argumenta que la interrupción de los servicios aéreos podría tener "consecuencias graves" para la salud, la seguridad pública y el desarrollo económico del país. En particular, subraya el impacto que una huelga en el sector aerocomercial tendría sobre la conectividad y el comercio internacional, así como sobre la cadena de valor de las industrias que dependen de este transporte para su normal funcionamiento.

La implementación del carácter de "servicio esencial" en la actividad aeronáutica viene acompañada de una serie de pautas específicas que detallan cómo se aplicará la medida. Un anexo al decreto establece que las medidas de fuerza, como las huelgas, deberán ser notificadas con al menos cinco días de anticipación, tanto a la parte afectada como a la Autoridad de Aplicación. Esta disposición busca evitar las sorpresivas interrupciones del servicio que, en el pasado, generaron caos en el transporte aéreo.

El documento aclara que este preaviso de cinco días es obligatorio y que la falta de cumplimiento pondría al gremio en una situación de ilegalidad. De esta forma, aunque no se eliminan por completo los paros, los sindicatos deberán cumplir con estos plazos para que las empresas y los usuarios puedan prepararse ante la posibilidad de una interrupción del servicio.

Otra de las medidas contenidas en la reglamentación apunta a limitar las denominadas "asambleas informativas", que fueron utilizadas en los últimos años como una forma encubierta de llevar adelante paros sin sanciones. Según el texto oficial, ningún tipo de asamblea podrá ser utilizada como excusa para interrumpir la prestación normal del servicio aerocomercial ni para interferir con los servicios mínimos que se deben garantizar en caso de conflicto.

A través de esta medida, se busca garantizar un "régimen de prestaciones mínimas" durante los conflictos laborales, lo que implica que los servicios no podrán ser reducidos a menos del 50% de su capacidad habitual. Este porcentaje podrá variar dependiendo de la duración y la magnitud del conflicto, pero en ningún caso se podrá interrumpir completamente la conectividad en las rutas que cuenten con un único servicio.

Los gremios aeronáuticos, liderados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), reaccionaron de manera inmediata. Su titular, Pablo Biró, calificó la declaración como "ilegítima" e "ilegal" y anunció que recurrirán tanto a la Justicia local como a organismos internacionales como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la medida. En una entrevista radial, Biró defendió el derecho de huelga como una herramienta fundamental para la negociación salarial y otros reclamos laborales, y adelantó que el conflicto con el Gobierno "se va a agravar".

El contexto en el que se da esta medida es complejo. La relación entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos ha sido tensa desde hace meses, con reiteradas denuncias de los sindicatos sobre la falta de inversión en Aerolíneas Argentinas y la presión para reducir los costos operativos. A su vez, desde el oficialismo han criticado lo que consideran "paros encubiertos" y maniobras que afectan la regularidad del servicio.

Con la nueva normativa, el Gobierno busca reducir el margen de maniobra de los gremios en futuros conflictos laborales, en un intento por asegurar la continuidad del servicio. No obstante, la decisión de declarar la actividad aérea como un servicio esencial podría tener implicancias de largo alcance, tanto en el ámbito judicial como en el marco de las relaciones laborales.

El conflicto, que involucra intereses tanto económicos como políticos, promete seguir escalando. En las próximas semanas, se espera que los gremios aeronáuticos presenten medidas cautelares para frenar la aplicación del decreto, mientras el Gobierno busca consolidar su postura ante posibles nuevas huelgas.