El proceso de auditoría sobre las universidades públicas en Argentina ha cobrado nueva relevancia en medio de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y las casas de estudios, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Miguel Blanco, quien ocupa la titularidad de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), ofreció detalles sobre este plan, que tendrá como primer objetivo evaluar la correcta utilización de los fondos públicos asignados a las instituciones educativas.

En diálogo con el programa radial No hay plata de Radio con vos, Blanco explicó que, si bien las auditorías ya se habían realizado en años anteriores, un dictamen de Carlos Zannini en 2022 había pausado estas inspecciones. "Había un equipo que auditaba universidades, pero tras el dictamen tuvieron que reasignarse. Ahora estamos rearmando ese equipo", explicó el funcionario. La Universidad Nacional de La Matanza será la primera en someterse a esta revisión, aunque Blanco dejó en claro que otras casas de estudio seguirán en la lista.

"Estamos empezando con los primeros convenios y en algunos casos, como el de La Matanza, la próxima semana comenzaremos las tareas", indicó Blanco. Sin embargo, añadió que la priorización del resto de las auditorías dependerá del volumen de fondos que manejen y de la calidad de los acuerdos firmados con otras instituciones o entidades.

El foco de estas revisiones estará en los controles internos y en la evaluación del uso de los recursos que recibe cada facultad, principalmente en universidades como la UBA, que se destacan por su relevancia y volumen de presupuesto. Blanco aclaró que la SIGEN no interferirá en cuestiones que atañen a la autonomía de las universidades, como la designación de autoridades o la gestión de cátedras. "Nosotros no revisamos esos aspectos. Nuestro objetivo es verificar los procesos y el uso de los fondos públicos", subrayó.

Uno de los temas más delicados abordados por Blanco fue la resistencia que han mostrado algunas universidades, en particular la Universidad de Buenos Aires (UBA), a ser auditadas. "Sé que ha habido planteos judiciales en el pasado, y que la UBA fue la única que pidió no ser auditada. Pero espero que haya un consenso de que los fondos públicos deben ser fiscalizados, es cuestión de sentido común", expresó. Blanco, quien se formó en la UBA y fue profesor en la institución, resaltó la importancia de que la universidad más relevante del país dé el ejemplo de transparencia.

Además de las revisiones generales, los informes que produzca la SIGEN serán accesibles al público a través del sistema de acceso a la información, y es posible que se suban a la página web del organismo. El funcionario adelantó que podrían emitirse informes parciales a medida que avance el trabajo, y que cualquier indicio de corrupción detectado durante las auditorías será remitido a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Este proceso de auditoría surge en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el sistema universitario, que ha manifestado su descontento tras el veto de la Ley de Financiamiento Universitario y la creciente precarización de las condiciones laborales en el sector docente. 

Blanco finalizó su intervención destacando que los primeros resultados de las auditorías podrían estar listos en uno o dos meses, dependiendo del volumen de trabajo. "Podemos emitir informes parciales a medida que avancemos y será fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos".